Rafael Lara
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Ante los diferentes sucesos que violentan los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinará al Estado de Nicaragua en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la vez que se reactivó una acusación de crímenes de lesa humanidad, de la cual se asegura, fueron víctimas las comunidades miskitas en los 80.

Según la comunicación, tanto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, junto a la Red de Mujeres contra la Violencia, la Coordinadora de ONG que trabajan con la Niñez y la Organización Mundial contra la Tortura, presentaron un informe alterno al gubernamental, en el que se expuso el retroceso que en materia de derechos humanos, sobre todo en los correspondiente a los derechos civiles y políticos.

Esto tiene que ver con la exclusión de partidos políticos en las próximas elecciones municipales, la falta de acreditación para observadores nacionales e internacionales, así como la politización e instrumentalización de las instituciones públicas, el hostigamiento a las organizaciones no gubernamentales.

También se dieron a conocer las dificultades que enfrenta la población nicaragüense para el acceso a la justicia, particularmente en lo correspondiente a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, el exceso del abuso policial que ha repercutido en uno de los derechos fundamentales como es el derecho a la vida. Otro tema abordado en detalle fue la persecución de las organizaciones de mujeres y ONG nacionales e internacionales.


El caso de los miskitos en los 80
Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, envió una carta al gobierno nicaragüense por la denuncia de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades miskitas, la cual fue interpuesta por la Comisión Permanente de Derechos Humanos en 2006, en el Ministerio Público y en la CIDH. En Nicaragua la denuncia fue engavetada por la fiscalía.

“La carta refleja que la CIDH ha iniciado un proceso de investigación, y dieron un plazo de dos meses para una contestación para responder sobre los señalamientos. En nuestra denuncia enviamos todos los testimonios y videos en los cuales familiares de las víctimas comentan sobre los asesinatos, torturas y desapariciones que ocurrieron bajo el primer gobierno del presidente Daniel Ortega”, dijo Marcos Carmona, director de la CPDH.

Esta comunicación se suma a la anterior carta de la CIDH de seguimiento a las denuncias de violaciones de los derechos políticos del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y Partido Conservador, PC, por lo que también pidieron al gobierno de Ortega que informara sobre tales hechos.


Solidaridad de CAWN
Mientras tanto, la Red de Mujeres para Centro América (CAWN–Central America Women’s Network), una ONG con sede en Londres, comunicó que “estamos iniciando un proceso de incidencia, junto con otras organizaciones civiles en el Reino Unido, para fortalecer el uso de instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos, que contribuyan a la solución de esta coyuntura política en Nicaragua y que, por sobre todo, restituya la libertad y respeto del trabajo de organizaciones de mujeres en la región”. El mensaje fue firmado por Katherine Ronderos, oficial de Programa en Derechos de la Mujer.

Entre otras muestras de solidaridad con las feministas nicaragüenses, está una carta de seis premios Nobel por la Paz, que incluye a la guatemalteca Rigoberta Menchú.