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Los únicos dos exfuncionarios del estatal Consejo Nacional de Vialidad, Conavi, de Costa Rica, que llevaban 10 meses en prisión preventiva por el escándalo de corrupción relacionado a la trocha fronteriza con Nicaragua, fueron puestos en libertad condicional por un juez.

La defensa de Miguel Ramírez y Manuel Serrano, ambos imputados en el presunto caso de corrupción, informó que la medida cautelar de prisión preventiva vencía el viernes, por lo que pidió a la jueza del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, cambiar a medidas alternativas como el impedimento de salida del país, firmar cada 15 días, entregar sus pasaportes y mantener domicilio fijo.

José Miguel Villalobos comentó que tras una audiencia de ocho horas, la jueza que vio el caso decidió avalar el cambio solicitado por la defensa, con la apelación del Ministerio Público.

Los presuntos actos de corrupción habrían sido cometidos durante la construcción de la ruta 186, conocida como la trocha fronteriza con Nicaragua.

La denuncia la realizó la mandataria costarricense Laura Chinchilla el 3 de mayo del 2012. Un día después solicitó la renuncia a Francisco Jiménez, quien se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y Transportes, MOPT.

Posteriormente el Ministerio Público imputó a varios funcionarios del Conavi, por su presunta responsabilidad en los hechos.

Otros implicados en el presunto caso de corrupción son los constructores Giovanni Baralis, Johnny Muñoz y David Castillo, quienes enfrentan cargos por peculado y las mismas medidas cautelares. El Ministerio Público del vecino país los acusa de haber hecho pagos en especie (fiestas y viajes) a Ramírez y a Serrano, para obtener favores a cambio.

Entre las anomalías detectadas está el cobro de horas de trabajo “fantasmas”, pues los empresarios falsearon y aumentaron las horas de trabajo de la maquinaria pesada. Otro de los acusados es el exdirector del Conavi, Carlos Acosta, quien también se encuentra en libertad.

La construcción de la trocha o ruta 186, inició con mal pie en diciembre de 2010, a raíz del conflicto surgido con Nicaragua en octubre de ese año, por la disputa de Harbour Head.

Hasta finales de 2011, según reportes públicos, la maquinaria pesada avanzó a lo largo de 160 kilómetros de bosques, pastizales, ríos y humedales, sin valorar el impacto sobre el entorno, ni realizar un inventario forestal ni designar un equipo que ejerciera la regencia ambiental del proyecto.

Además, el Conavi construyó la trocha fronteriza con Nicaragua sin un solo plano que señalara el trazado para abrir el camino, ni cuáles debían ser sus características.