Jorge Eduardo Arellano
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Apreciado Mario:

Leí tu carta pública dirigida a mi persona en la cual haces una relación de mi familia con hechos históricos acaecidos en la época pre-insurreccional de Nicaragua. Recuerdo con toda claridad esos hechos y el sentimiento patriótico de mis padres y mis hermanos para apoyar a los familiares involucrados en esa lucha.

Respecto a la relación que haces a mi paso por la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Doctor Arnoldo Alemán Lacayo, en la cual me desempeñé con las limitaciones jurídicas institucionales de esa época, pero con grandes logros en el tema de la estabilidad de la propiedad, estremecida por los cambios radicales en la tenencia de la misma, sería importante hacer una evaluación entre el trabajo de la Procuraduría de tu época, la de Doña Violeta con las privatizaciones de las empresas estatales, y la del ingeniero Bolaños.

El Ministerio Público tiene a su cargo la función acusadora y la función ineludible de investigar de oficio o a instancia de parte (Arto.1 y 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), es una institución jerarquizada, en la que cada unidad especializada, Fiscales Departamentales, Regionales y Auxiliares tienen funciones definidas ante las cuales son responsables por el desempeño de sus cargos.

El Arto. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece claramente, la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio Público por sus actuaciones, lo cual se corresponde con los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 y siguientes de la Ley de Carrera del Ministerio Público.

Es muy evidente el maniqueo que se hace en torno a la responsabilidad furibunda en contra del Fiscal General por el hecho de la investigación de una causa saturado de profunda conmoción social y política y hasta religiosa.

Imagínate al Fiscal General respondiendo por las decenas de miles de actos de investigación que se realizan a diario en todo el territorio nacional.

Este caso entró como una denuncia del Ministerio de Gobernación, dirigido a la Señora Fiscal General Adjunta cuando me encontraba ausente del Despacho, de conformidad con el Arto. 15 de la Ley Orgánica, la Fiscal General Adjunta tiene la facultad de sustituir al titular con sus mismas facultades en caso de ausencia o impedimento temporal, en excusa o recusación; ese artículo fundamental de nuestra Ley Orgánica lo han eludido los críticos y publicistas de esta campaña de desinformación.

A mi regreso a la institución externé abiertamente mi criterio sobre la competencia del conocimiento del caso, el que debería ser conocido por Gobernación.

Esa sola actuación me hacía proclive a separarme del conocimiento de la causa, la cual no podía detenerse, ya que por imperativo legal el Ministerio Público está obligado a investigar todas las denuncias que se presentan a su conocimiento. Por tal razón y habiendo ya iniciado el conocimiento de los hechos denunciados, delegué el caso en la Fiscal General Adjunta, quien tiene conforme el Arto. 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público toda la facultad para conocer.

Te he señalado todos los pormenores y fundamentos jurídicos de este caso, por la amistad que te dispenso y porque entiendo tu buena voluntad, ya que no estoy dispuesto a seguir haciendo comentarios al respecto, porque para las insatisfacciones en las actuaciones jurisdiccionales y de investigación existen remedios y recursos establecidos en las leyes.

Te saluda con todo cariño y aprecio,

Julio Centeno Gómez
Fiscal General de la República
Jefe del Ministerio Público