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Dando un ejemplo sobre lo que significa la correcta aplicación de la Ley 285, la juez Segundo Penal de Ejecución de Sentencias, Carmen Velásquez, no le dio lugar a ninguna de las peticiones que le hicieron tres narcos colombianos condenados a 13 años de prisión, que así vieron así esfumarse su sueño de libertad.

“Se declara sin lugar por improcedente la pretensión de la defensa técnica, continúese con la ejecución de la sentencia condenatoria de 13 años de presidio hasta tanto nuevas circunstancias lo tornen necesario”, dice la parte medular del auto dictado por la juez Velásquez contra las pretensiones de James Rentería, Manuel López Hinojosa y Carlos Alberto Hurtado Serrano, quienes guardan prisión por transporte de más de una tonelada de cocaína.

El asesor legal de los colombianos, Juan Ramón Pasos, estaba solicitando a la juez que cambiara la tipificación del delito, que se les rebajara la pena a ocho y cuatro años, respectivamente, y que se les modificara la participación que cada uno de ellos tuvo en el delito bajo el supuesto de que no fueron coautores sino cómplices.

La juez Carmen Velásquez explicó en su resolución que no es competente para modificar todo eso, “ya que se estaría ante otro juicio, entrando a valorar pruebas o dictar una nueva pena tomando en cuenta agravantes y atenuantes”.

Velásquez le aclaró al abogado que su competencia es sustituir, modificar, adecuar y hacer cesar penas de acuerdos a los parámetros que favorezcan al reo, pero la defensa pretendía que se valoraran situaciones especiales que a juicio de la administradora de justicia, deben ser alegadas ante la autoridad competente, que en este caso es el Tribunal de Alzada que está conociendo la apelación de la sentencia de primera instancia.

Igualmente, la juez indicó que no les podía conceder a los acusados la suspensión de la condena, porque la Ley 285 contra el tráfico de drogas, psicotrópicos y otras sustancias controladas y lavado de dinero “prohíbe expresamente beneficios para quienes han sido condenados por la comisión de esos delitos” y además la misma está vigente.

La Fiscal Carmen Marina Ulmos celebró la decisión judicial porque está apegada a derecho, y demuestra que en Managua se está aplicando efectivamente la ley, a diferencia de lo que está ocurriendo en algunos departamentos del país, donde los jueces están otorgando beneficios y dejando en libertad a narcotraficantes. Agregó que la resolución judicial le está devolviendo la seguridad jurídica a la población y a Nicaragua.