Redacción Central
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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, examinó el tercer Informe de Derechos Humanos de Nicaragua relacionado al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

La delegación nicaragüense estuvo encabezada por Iván Lara, de la Procuraduría General de Justicia y Rosa Maria Lovo, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según Juanita Jiménez, abogada del Movimiento Autónomo de Mujeres MAM, que viajó a Ginebra, los expertos del Comité fueron categóricos en sus preguntas cuando la delegación del país presentó el informe, en particular en los temas referidos a los derechos de las mujeres y el ejercicio médico a partir de la penalización total del aborto terapéutico.

Señalan informe
Jiménez explicó en un mensaje de correo electrónico que el comité realizó varios cuestionamientos sobre los ataques que están siendo victimas los activistas de derechos humanos, particularmente las mujeres, periodistas y lideres de sociedad civil.

El comité señaló su preocupación por una acusación contra nueve líderes del MAM que trabajan en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Además preguntó sobre el papel de los Consejos de Poder Ciudadano, CPC, y su vinculación con el gobierno del presidente Daniel Ortega.

También solicitaron mayor información sobre los motivos que tuvo el Consejo Supremo Electoral, CSE, para cancelar las personerías jurídicas a los Partidos Conservador, PC, y Movimiento Renovar Sandinista, MRS. Los funcionarios del comité hicieron énfasis en la preocupación que perciben de que se están cerrando los espacios de participación democrática en Nicaragua.

Otros temas que tocaron fue la falta de imparcialidad de los órganos del sistema de justicia y preguntaron sobre como son nombrados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y los funcionarios de la Fiscalía General de la República, FGR.

Enviarán información específica
Según Jiménez, la delegación nicaragüense solicitó un receso para organizar sus respuestas. Luego señaló que enviarían información específica sobre los ataques a defensoras de los derechos humanos y los motivos de la cancelación de las personerías de los partidos políticos.

Sobre los CPC, la delegación nicaragüense señaló que estos funcionaban conforme el libre ejercicio de los derechos constitucionales, en particular de la libre asociación y que eran una organización de masa constituida en todo el país con quien el gobierno coordinaba sus políticas dado que eran "muy representativos".

Jiménez explicó que la delegación se limitó a señalar sobre la parcialidad de los órganos del Estado, que todos actuaban conforme a las leyes orgánicas y la Constitución Política.

El comité al final señaló que esperaban que a partir de este informe se abriera un diálogo más fluido con los representantes del gobierno y que era fundamental garantizar los derechos humanos en Nicaragua para toda la ciudadanía. Además recomendaron revisar las leyes que sancionan el aborto porque podrían estar violentando derechos fundamentales no solo de las mujeres, sino de los médicos y activistas de derechos humanos, puntualizó Jiménez.

El comité mostró interés en los dos informes alternativos que recibieron por parte del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.