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La Corte Centro-americana de Justicia, CCJ, mantiene su jurisprudencia por la sentencia emitida en 2012 que resolvió un conflicto entre el Poder Legislativo y la Sala de lo Constitucional de El Salvador, pues los tratados internacionales suscritos por los países y aprobados por sus respectivos parlamentos están sobre los derechos internos, dijo este viernes desde Managua el magistrado salvadoreño del Tribunal Centroamericano, Ale-jandro Gómez Vides.

Gómez señaló a END que la supranacionalidad que le da el artículo 22 de sus Estatutos a la CCJ, está por encima de la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional de El Salvador, este jueves, la cual declaró inconstitucional un fallo que dictó la CCJ el pasado año a favor del Poder Legislativo, cuando en ese país existía un conflicto de Poderes por la elección que hiciera el parlamento, de 15 magistrados, que posteriormente la Sala de lo Constitucional desconoció.

El conflicto

En junio de 2012 la Sala Constitucional salvadoreña declaró ilegal, a través de un fallo, la elección que hiciera el Congreso Nacional, de diez de los 15 magistrados de la Corte Suprema, porque presuntamente ese Poder la realizó en distintos momentos bajo una misma legislatura y, según la Sala, la Constitución salvadoreña faculta al Congreso a designar magistrados solo una vez, bajo una misma legislatura.

Los diputados desoyeron la sentencia de la Sala y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, la cual como medida cautelar, ordenó a la justicia salvadoreña dejar sin efecto el fallo del 6 junio y posteriormente le dio la razón al Poder Legislativo de ese país.

Sala desconoce de nuevo

Este jueves en un comunicado la Sala salvadoreña declaró inconstitucionales el artículo 22 del Estatuto de Creación de la CCJ, el cual permite al Tribunal de Justicia Centroamericano intervenir para resolver conflictos entre poderes u órganos fundamentales de los Estados miembros, y con ello desconoció el fallo emitido por la CCJ en 2012.

La Sala Constitucional resolvió mediante una sentencia que “dicho artículo (22 de la CCJ) no podrá ser invocado, aplicado o utilizado de forma alguna por ninguna persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, para someter a revisión de esta las decisiones de los órganos jurisdiccionales salvadoreños ni su ejecución”,

El magistrado Gómez Vides afirmó sobre esta decisión de dicha Sala, que para que la CCJ pierda su jurisprudencia y no pueda conocer conflictos entre los Poderes de los Estados miembros, los presidentes de los Estados tendrían que arrepentirse de la creación de esta figura y suprimirla a través de una reforma.