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Integrar a la Constitución de la República los límites territoriales marítimos plasmados en las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, e institucionalizar un modelo de responsabilidad compartida, son elementos que incluye la reforma parcial a la Constitución de la República presentada por el Poder Ejecutivo ante el Legislativo.

Entre los elementos relevantes está el objetivo de “constitucionalizar” las sentencias de la CIJ, en las cuales esta instancia internacional determina el mar territorial, la plataforma continental y los límites marítimos de Nicaragua en el Mar Caribe.

Asimismo, la determinación futura de límites a través de acuerdos bilaterales o sentencias de la CIJ, que garanticen la soberanía nacional.

De esta manera, los límites hoy especificados, se ratifican con rango constitucional, de forma que se modifican legalmente los mapas geográficos oficiales y los libros de texto educativos. Esto en apego a lo dictado por la CIJ, que define la frontera marítima y la zona económica exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe, en relación con Colombia y las naciones aledañas.

Lo anterior queda establecido en el artículo 10, el cual textualmente especifica: “El territorio nacional es comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. De conformidad con las sentencias de la CIJ del 8 de octubre del año 2017 y del 19 de noviembre del año 2012, Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia y Panamá. La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos y bancos adyacentes, así como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas del Derecho Internacional y las sentencias emitidas por la CIJ”.

Ese mismo artículo señala: “La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República, y con las normas del derecho internacional. Así mismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea parte contratante”.

Otro de los aspectos de la propuesta de reforma es la oficialización del cambio de nombre de Costa Atlántica, por Costa Caribe, dado que la costa Este de Nicaragua propiamente colinda con el Mar Caribe y no con el océano Atlántico.

Responsabilidad compartida

Otra de las áreas que abarca la reforma está en la definición precisa de los mecanismos de la democracia directa, entendida como la participación del pueblo de manera continua en el ejercicio directo del poder, permitiendo la manifestación directa de la opinión pública en la toma de decisiones a través de mecanismo como el referéndum, el plebiscito, los presupuestos participativos, las iniciativas populares, los Consejos Territoriales, los Consejos Sectoriales y los Consejos de Familia.

Aquí se muestra especial interés en el rol y en la participación de la familia, lo cual ahora es determinada como origen y el fin de la actividad estatal, según lo plantea la propuesta para reformar el artículo 4.

Con la institucionalización de un nuevo modelo de gobierno, determinan que la democracia va tomando un nuevo giro, con formas de participación directa de las y de los trabajadores, de los productores, de las cámaras, federaciones, confederaciones empresariales, empresas familiares, cooperativas, pequeñas, medianas y grandes; de los sindicatos, de las personas, de las familias y de las comunidades en un modelo de alianza y responsabilidad compartida.

Por otra parte, en los artículos 4 y 5 se enfatiza en los valores cristianos del Estado nicaragüense. El artículo 14, que determina a Nicaragua como un Estado laico, no sufre ninguna modificación.

Participación ciudadana

El artículo 50, con anterioridad limitaba al ciudadano a la participación en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Sin embargo, la propuesta va más allá, y señala específicamente: “Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal. En la formulación, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas y sociales, así como de servicios, se garantizará la participación protagónica de cada persona, la familia y la comunidad. Por medio de la Ley se garantizará nacional y localmente su participación efectiva”.

Preservación del medioambiente

El artículo 60 de la Constitución determinaba que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, siendo obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medioambiente y de los recursos naturales.

Sobre este artículo, la reforma plantea que el Estado de Nicaragua asume y hace suya la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, de Naciones Unidas, aprobada el 2 de marzo de 2010, constitucionalizando los derechos que en ella se contemplan.

En uno de sus acápites el artículo 60 incluye: “La nación nicaragüense debe adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integralidad de la Madre Tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el bien vivir comunitario”.

 

Cambio de nombre

La propuesta de reforma oficializa el cambio de nombre de la Costa Atlántica, por Costa Caribe, dado que la costa Este de Nicaragua colinda con el Mar Caribe y no con el océano Atlántico.