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La iniciativa de reforma a la Constitución de Nicaragua, introducida ayer en la Asamblea Nacional, propone elegir al presidente con “mayoría relativa” de votos, independiente del porcentaje alcanzado, y también deja abierta la reelección presidencial indefinida.

La propuesta cambia los artículos 146 y 147 de la Constitución, entre otros, estableciendo que para ganar los comicios se requiere de una mayoría relativa de votos, lo que derogaría la disposición de que para proclamarse vencedor se requiere de al menos el 40% del sufragio, o el 35% en caso de lograr una diferencia de al menos cinco puntos porcentuales sobre el segundo lugar.

021113 la propuesta

El proyecto, presentado este viernes por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, elimina del artículo 147 de la Constitución el párrafo que prohíbe postularse a la presidencia a quien ejerce el cargo antes de los comicios o lo hubiese ocupado en dos ocasiones. Esa disposición ya había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, hace más de dos años.

La propuesta de reforma constitucional, que modifica 39 artículos, extendería por un año más el cargo de los funcionarios municipales, y mantendría en sus cargos a los funcionarios electos por la Asamblea Nacional, mientras no haya sido nombrado ningún sustituto.

El proyecto explica que quita las trabas a la reelección para “organizar de una forma adecuada las calidades y las limitaciones para ser presidente y vicepresidente de la República”.

Sobre los funcionarios

La propuesta precisa que los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de sus cargos después del vencimiento de su período, hasta que sean electos y tomen posesión quienes deban sustituirlos, de conformidad con la Constitución Política.

Según explica, “esto fortalece la institucionalidad, reafirma la seguridad jurídica como principio sobre el cual se estructura el ordenamiento jurídico nicaragüense, y fortalece los principios de constitucionalidad y legalidad”.

La reforma cambiaría el artículo 131 de la Constitución, para evitar el “transfuguismo”, el cambio de partido de diputados, considerándolo “un fenómeno que traiciona la voluntad del ciudadano” y “afecta el buen funcionamiento de la democracia”.

También menciona que el transfuguismo es “una conducta lesiva que afecta la soberanía popular, el mandato ciudadano, la estabilidad institucional y la representación democrática”.

En el artículo 131 incorporaría lo siguiente: “Los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de sus cargos, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán sus condición de electos, debiendo asumir el escaño su suplente”.

Más tiempo para alcaldes

Las reformas derogarían el artículo 178 de la Constitución Política, sobre el Capítulo I de Los Municipios, donde se establece un año más para el período de los alcaldes, vicealcaldes y concejales, es decir, cinco años, a partir de la toma posesión de sus cargos ante el Consejo Supremo Electoral, CSE.

La modificación sería retroactiva porque afecta a los funcionarios electos en las elecciones municipales de 2012. En ese sentido, la propuesta detalla que a “las autoridades municipales que se encuentren en ejercicio de sus funciones, y cuyo período vence en enero de 2017, se les prorrogará en un año más su permanencia en él, de tal forma que venza hasta enero de 2018”.

También explica que esto tiene el fin de que las elecciones municipales y presidenciales no coincidan en el mismo año electoral. En este mismo acápite, la propuesta manda aplicar la regla del 50% mujeres, 50% hombres entre las autoridades municipales, tanto en las listas cerradas presentadas por los partidos políticos, como en la elección de estas.

 

Sobre la seguridad nacional y ciudadana

Rafael Lara

En el título V referente a Defensa y Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, artículo 92, la reforma consiste en la inclusión de un párrafo que determina que “es responsabilidad del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, bajo la conducción del Presidente de la República como Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, participar en la formulación de los planes y políticas de la defensa y seguridad nacional, y en la coordinación de su ejecución.

Para efectos de la defensa y seguridad nacional se determina que las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país; en ningún caso es permisible el establecimiento de los sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional; los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado de Nicaragua; y el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado.

En el artículo 95, sobre el apego constitucional del Ejército de Nicaragua, se agrega que miembros del Ejército podrán ocupar cargos en instituciones del Estado --que no sean de elección popular--, cuando por interés supremo de la nación, así se demande, considerándose en este caso al militar en comisión de servicio para todos los efectos.

Lea la propuesta de reforma a la Constitución. Clic