Organizaciones ecologistas de Costa Rica se declararon el lunes en pie de guerra contra un proyecto de explotación de oro en la zona fronteriza con Nicaragua, que fue declarado "de interés nacional" por el gobierno del presidente Oscar Arias.
"Vamos a tomar acciones muy contundentes, tanto en el frente legal como en el de las manifestaciones de hecho", declaró a AFP el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Conservación del Ambiente, Héctor González.
La declaratoria, firmada el viernes por Arias y el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, autoriza a la empresa canadiense Infinito Gold Limited a talar 262 hectáreas de bosque en el sector Las Crucitas, fronterizo con Nicaragua.
El decreto faculta a la compañía a eliminar incluso las especies vedadas por ley, como el árbol de almendro del que depende la subsistencia de la lapa (guacamaya) verde, que se encuentra en vías de extinción.
Según el gobierno, el proyecto generará un considerable número de empleos en una zona económicamente deprimida, por lo que declaró de "interés nacional" la tala de árboles en esa vasta extensión.
Ayer lunes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema acogió para su estudio un recurso interpuesto por una organización ambientalista y ordenó a las autoridades del gobierno que suspendan cualquier permiso concedido a la empresa canadiense para talar árboles en la zona.
"Es increíble que ese decreto haya sido emitido por el gobierno que supuestamente le declaró la paz a la naturaleza", dijo González, en referencia a un plan de Arias para sembrar millones de árboles y reducir las emisiones de carbono.
Por otra parte, líderes de las comunidades aledañas han advertido que la actividad minera causará contaminación de las fuentes de agua de la zona con sustancias altamente tóxicas, como el cianuro.
El proyecto minero "va a arrasar con cientos de hectáreas de bosques, va a utilizar millones de kilos de cianuro y otras sustancias tóxicas, va a contaminar millones de millones de litros de agua y va a poner en peligro la paz entre dos países (Costa Rica y Nicaragua) por la amenaza de contaminación al río San Juan", afirmó el activista Marco Tulio Araya.
Según los ecologistas, la mina es construida a sólo tres kilómetros del río San Juan, límite en casi la mitad de la frontera entre ambos países.
El impacto de esta actividad minera, afirman los ambientalistas, aumentará las tensiones con Nicaragua, con el cual existe ya un litigio por el uso del río San Juan, que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Recientemente, el diario La Prensa de Managua citó un informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, según el cual Costa Rica estaría incumpliendo sus compromisos internacionales en material ambiental si la actividad minera causa contaminación que afecte territorio de Nicaragua.
El diputado Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana, el principal de la oposición, ha advertido también que esa agrupación realizará "todas las acciones que sean necesarias para detener este nuevo atentado contra la biodiversidad del país".
Impacto negativo para pobladores y Río San Juan
Ecologistas en pie de guerra contra explotación de oro en Costa Rica
- San José, Costa Rica |
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- AFP
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