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  • EFE

La Corte Internacional de Justicia, CIJ, se pronunciará hoy sobre las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua por la supuesta apertura de dos canales en un territorio en disputa.

La decisión será notificada a las partes en la sede de la CIJ en La Haya a las 14:00 GMT por parte del presidente de la corte, Peter Tomka.

El tribunal debe dar respuesta a una petición de San José, que solicitó a la Corte que ordene a Managua la suspensión de todo trabajo de dragado o cualquier otro tipo en el Río San Juan y, específicamente, que detenga toda labor en los dos canales artificiales en territorio en disputa.

Costa Rica pidió, además, que Nicaragua retire "inmediatamente" todo el personal, infraestructura y equipo que haya introducido en el territorio en cuestión y que permita a San José enviar funcionarios medioambientales para evaluar el supuesto daño causado y emprender acciones de reparación.

El Gobierno costarricense denunció con vídeos y fotografías aéreas y de satélite que supuestamente Nicaragua había abierto al menos dos nuevos caños para unir el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe, a través de Harboard Head o Isla Calero cuya soberanía ambos países reclaman.

Además, denunció que en el sitio se encuentra lo que parecer ser un campamento militar nicaragüense.

El Gobierno de Nicaragua, que siempre ha sostenido que ese territorio le pertenece, ha negado que haya abierto los dos nuevos caños que denuncia Costa Rica y ha dicho que es posible que sean producto de las fuertes lluvias caídas en la zona.

En las audiencias celebradas en octubre, Costa Rica expresó su temor a que uno de los canales construidos por Nicaragua en el territorio de Isla Calero o Portillos, pueda cambiar de manera irreversible el curso del Río San Juan, que sirve de frontera entre ambos países.

San José argumenta, además, que las construcciones fluviales de Nicaragua supuestamente pueden causar daños medioambientales, como aumentar el riesgo de las inundaciones, más erosión y la destrucción de vegetación en la zona en disputa.

Nicaragua, que tiene la soberanía sobre el río San Juan, mantiene que las medidas provisionales son innecesarias porque las impuestas en marzo de 2011 ya cubren las solicitudes costarricenses.