Jorge Eduardo Arellano
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Como un triunfo al menos temporal, los ambientalistas valoraron la acción del recurso de amparo que frenó por el momento la instalación de tajos y tala de árboles en la mina Crucitas, lo que provocaría la desaparición de 262 hectáreas de bosque y atentaría contra la vida humana en ambos países.

Más que celebrar la suspensión de la tala de árboles, un grupo de organizaciones ambientalistas ticos se declaró en alerta para evitar que el proyecto de mina de oro a cielo abierto opere sin que logre cumplir con todas normas que garanticen que no se provocarán daños fatales, como ha ocurrido en otros países.

La Sala Constitucional decidió darle paso, para su estudio, al recurso presentado por Edgardo Vinicio Araya Sibaja y la Asociación Norte por la Vida, quienes al igual que diversas organizaciones se oponen a que se instale la mina por los daños que generará al medioambiente y al manto acuífero.

Gino Biamonte, Vicepresidente de la Asociación Preservacioncita de Flora y Fauna Silvestre, declaró que “este tipo de prácticas destruye los suelos y el ambiente, provocando la eliminación de la cobertura forestal. Es más el costo ambiental que ocasionará en las comunidades que las ganancias que podría generar”.

Gobierno destructor
Por su parte, Carlos Arguedas, presidente de la Asociación Ambientalista de Siquirres, sostuvo que la decisión del presidente Arias (decreto), es el punto final de “una serie de acciones donde este Gobierno ha permitido destruir ríos, humedales, nacientes y la matanza de animales, pero nunca lo habían dicho así tan claro en un decreto como el que nos ocupa”.

Asimismo, el activista Marco Tulio Araya indicó que el proyecto de mina a cielo abierto lo que provocará es un desastre, porque desaparecerán cientos de hectáreas de bosques y porque se va a usar cianuro para extraer el oro, poniendo de inmediato en peligro de contaminación varios ríos.

Estas organizaciones no descartaron acudir a instancias internacionales para denunciar al gobierno en caso que la resolución de la Sala IV sea a favor de la tala.

En tanto, funcionarios de la firma canadiense Vanessa Ventures, a la cual la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó el permiso para construir la planta de proceso, estimaron que el asunto se va a aclarar y le darán la razón cuando la Sala IV se pronuncie.

Amenaza para Nicaragua y Costa Rica
En una nota de la organización AIDA se expresa que dicho proyecto minero amenaza el ambiente y la salud humana en Costa Rica y Nicaragua.

AIDA exhortó al gobierno tico a reconsiderar el permiso hasta que se hayan cumplido las condiciones necesarias para evitar el riesgo de daños ambientales graves e irreversibles, y la afectación en la salud de las personas de la región. Sin embargo no tuvieron eco en el Ejecutivo.

El Proyecto Minero Crucitas pretende excavar una mina de oro a cielo abierto a menos de diez kilómetros del río San Juan, frontera con Nicaragua.