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Boanerges Ojeda, en representación legal del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, solicitó al doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, la destitución de los fiscales Douglas Vargas, Manuel de Jesús Reyes y Abraham Rojas Carcache, así como el inspector general, Armando Juárez, y, además, que la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, sea separada de la investigación solicitada por el Ministerio de Gobernación en contra de Cinco.

Parcialidad e implicancia
El abogado ayer por la tarde introdujo por escrito tal petición, argumentando por las irregulares actuaciones por sobre la ley, donde tanto los fiscales como el inspector han fungido como voceros de una investigación que está en proceso, dando a conocer juicios o criterios en contra de las personas investigadas; dejando demostrada su parcialidad e implicancia, lo cual les inhibe de seguir conociendo la causa.

En el documento presentado en el Ministerio Público, además de pedir su separación del caso, se señala textualmente: “Conforme al artículo 52 constitucional, solicitamos la destitución de los fiscales Manuel de Jesús Reyes Juárez, Armando Juárez, José Abraham Rojas Carcache y Douglas Vargas, conforme al artículo 14, numeral 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público por la flagrante violación que han cometido estos señores a lo establecido en el artículo 5 y 8 de la misma ley orgánica del Ministerio Público”.

“De las acusaciones no sabemos más que lo dicho ilegalmente por estos fiscales, violentando el principio de presunción de inocencia y afectando el debido proceso. Recordemos que el artículo 5, del Código Procesal Penal, dice que ellos están obligados a mantener el sigilo profesional sobre la información que están investigando”.

Por otra parte, Ojeda indicó que según los artículos 223 y 224 del CPP, las investigaciones deben efectuarse en un período de 20 días, y ya que ellos han admitido que desde el 9 de septiembre se dictó la orden de levantar el sigilo bancario de Cinco, entre otras organizaciones que involucran, eso significa que al 25 de septiembre este proceso debió concluir.

La insolencia de Juárez
Sobre la declaraciones televisivas del inspector general Juárez, de que ya el doctor Centeno no podía intervenir porque había emitido criterio al respecto, Ojeda indicó que la máxima autoridad del Ministerio Público es el Fiscal General, y sus subordinados deben sujetarse a éste, por lo que no se explica cómo un subordinado dicta sobre las actuaciones de sus superiores, legalmente escogido por la Asamblea Nacional.

“Por esas actuaciones de sus subordinados, entre otras, responde el Fiscal General de la República. Por eso le hacemos del conocimiento de todas las arbitrariedades que hay en este caso y como máxima autoridad de la institución esto se corrija y se desestime el caso. Esperamos que él actúe”.

Antes de la organización Cinco, al Ministerio Público también asistieron otras organizaciones. Entre ellas estuvo el grupo de mujeres matagalpinas Venancia.

María de la Paz Aráuz Picado, representante legal de Venancia, y su abogado Edmundo Gutiérrez, comentaron que presentaron toda la documentación contable solicitada y lo están haciendo para demostrar su transparencia, aunque el acto de la Fiscalía lo consideraron ilegal por violentar una serie de derechos amparados por la Constitución de la República.

Otra organización citada fue Forum Syd, dando inicio a la entrega en tiempo y forma de la documentación contable en original del período comprendido de enero 2003 a septiembre 2008.

Ayer por la tarde también estuvieron presentes representantes de Oxfam Gran Bretaña, quienes agregaron más documentación a solicitud del Ministerio Público, que ahora está pidiendo informes narrados de sus datos contables.