Jorge Eduardo Arellano
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Declarar de “interés público y conveniencia nacional” el Proyecto Minero a cielo abierto en Las Crucitas de San Carlos, ubicado a pocos kilómetros del río San Juan, comprometió al presidente de Costa Rica Oscar Arias.

Actualmente el mandatario, junto a su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, son objetos de una investigación de la Fiscalía General de la República, por el presunto delito de Prevaricato.

A la par de de esa investigación, la Fiscalía Adjunta de San Carlos lleva otro proceso penal por los daños ambientales causados en contra de esos mismos funcionarios.

Arias y Dobles firmaron el 17 de octubre un decreto (34801-Minaet), que declara de “interés público y conveniencia nacional” el proyecto minero, autorizado previamente por el gobierno, a favor de Industrias Infinito S.A.

Ordenan suspender tala
A la solicitud de investigación de la Fiscalía, se le une la decisión de la Sala Constitucional de acoger un recurso de amparo y de ordenar la suspensión de la tala de unas 262 hectáreas de árboles para el desarrollo del proyecto minero a cielo abierto, en Las Crucitas, en San Carlos.

El Código Penal de Costa Rica tipifica como delito de prevaricato cuando un funcionario dicte resoluciones contrarias a la ley o las sustente en hechos falsos.

Es decir que Arias y Dobles desconocieron la acción de otra resolución que prohíbe la tala de árboles en peligro de extinción.

Al respecto, don Oscar Arias comentó en un programa de radio, que no ve dicho delito (prevaricato) porque que “entiendo que prevaricato es emitir un reglamento o tomar una decisión a sabiendas que es ilegal y ese no es mi caso, ni el de Roberto Dobles; la figura de prevaricato no la veo en ningún lado”.

A su vez, justificó que no sabía del alcance del decreto porque se limitó a firmarlo luego que asesores en el tema se lo aconsejaron. “Firmé ese decreto bajo el consejo de abogados de las instituciones, no puedo estudiar cada decreto que firmo. Yo confío en el buen juicio, honorabilidad, moral y ética de mis ministros”, agregó.

Por otra parte, el mandatario dijo que el caso es heredado porque esa concesión fue otorgada hace dos gobierno, al tiempo que la defendió porque traerá desarrollo y empleos a las poblaciones de esa zona.

Mientras en rueda de prensa, el ministro Dobles expuso que es necesario cumplir con la concesión porque de lo contrario el país tendría que enfrentar una fuerte demanda económica de parte de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.

Además, justificó reiteradas veces que dicha empresa ha cumplido con todo el reglamento y normativas que existen para que puedan operar. También destacó el compromiso de sembrar 100 árboles por cada árbol cortado, a si como los planes de manejo y cuido del medioambiente.

En tanto, organizaciones que se oponen a la minería de cielo abierto y en especial al proyecto de Las Crucitas por la cercanía a varios ríos, incluyendo al río San Juan, dijeron que el asunto no es que van a sembrar más árboles de los que cortarán, sino que acabarán con los sistemas de vida que actualmente se ubican en la zona afectada.

Es decir que la actual flora y fauna existente desaparecerá y que para que crezcan esos nuevos árboles pasarán muchos años.

El peligro expresado por estas organizaciones también abarca el uso del cianuro para extraer el oro de las rocas, pues temen que haya fuga como en otras malas experiencias o bien se filtre en el manto acuífero, causando con ello daños irreversibles a la vida acuática de varios ríos.

A mediados de este año, cuando se conoció la disposición del gobierno tico de suspender la moratoria que estaba desde 2003, para esa concesión, el gobierno nicaragüense envió una comunicación a su par tico a fin de detener el proyecto por los daños que podría causar en el río San Juan.

A pesar de la petitoria, el propio Roberto Dobles, Ministro de Ambiente y Energía, declaró que ese“asunto era de los ticos” y que Nicaragua más bien debería de preocuparse por mejorar su legislación en esa materia.

Mientras, la Cancillería tica respondió que era “un acto soberano del Estado costarricense”, que “se deja constancia del rechazo categórico de la pretensión de las autoridades de Nicaragua”, sobre todo porque la concesión otorgada en territorio costarricense “no debería ser motivo de preocupación” si se compara con la forma en que se explota la minería en Nicaragua.

lmendoza@elnuevodiario.com.ni