Rafael Lara
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Representantes de organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos, condenaron las cobardes amenazas de secuestro del hijo de 13 años de la doctora Ana María Pizarro, una de las representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, perseguida y acosada por expresar sus criterios contra el gobierno, situación que de manera similar están sufriendo otras organizaciones civiles.

Virginia Meneses, componente de la comisión coordinadora de la Red de Mujeres Contra la Violencia, dijo que ese tipo de acción era de esperarse por parte de un gobierno que en diversas ocasiones se ha mostrado intolerante a las críticas, sin embargo, amenazar con secuestrar a un niño es algo grave y muy bajo.

Más amenazas
“Este tipo de acciones no son de extrañar, porque ya hemos vivido situaciones similares. Los abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, nos recomiendan que siempre pongamos la denuncia, para que al menos queden los registros y constancia de la situación, aunque las autoridades al final se crucen de brazos. Si ella recurrió a la Embajada de Argentina, pues es originaria de ese país, está en su derecho de tomar las acciones que considere conveniente”.

Meneses comentó que algunas de las integrantes de la Red de Mujeres han tenido llamados anónimos amenazantes, y en el caso de Mayra Sirias, que está en la coordinación de un proyecto en León, le han hecho robos extraños y daños a su vehículo.

El día de la intervención de la Fiscalía en el Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, dos vehículos, uno del Ministerio Público y otro de vidrios oscuros se aparcaron frente a la casa de la Red de Mujeres. Además, al MAM está llegando gente desconocida que, con falsos argumentos, intentan ingresar y preguntan por la coordinadora Juanita Jiménez.

“Están implementando la política del miedo, y hay muchos fanáticos que pueden causar desgracias. Esto por criterios de la pareja presidencial --Daniel Ortega y Rosario Murillo--, quienes tienen a sus órdenes a este tipo de gente y son los responsables por lo que nos suceda”, dijo Meneses, agregando que a Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, le abrieron su vehículo y lo único que se llevaron fue un fajo de documentos.

Situación intimidante
Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señaló que todos estamos bajo amenazas. “Tenemos los casos del periodista Carlos Fernando Chamorro, de Sofía Montenegro, y a los activistas de derechos humanos a quienes han atacado. Esto es una constante, amedrentando y amenazando a las personas que hacemos señalamientos al gobierno. Una situación intimidante y utilizan a la familia como lo más importante que tenemos como seres humanos”, dijo.

Carmona también comentó que, efectivamente, el gobierno no acepta ningún tipo de crítica, y usará todos los medios para afectarte. Recordó no sólo el reciente proceso judicial que revivió aunque ya estaba desestimado, sino también las amenazas de muerte por haber interpuesto la denuncia de crímenes de “lesa humanidad” contra las comunidades misquitas, suceso ocurrido en el primer gobierno de Ortega.

“Fue entonces cuando amenazaron a mi hija de 12 años, diciéndole que llegarían a poner una bomba a la casa”, indicó el representante de la CPDH.

El modus operandi
Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, criticó que amenazar con dañar a un niño demuestra mucha saña y odio. “Ya no son mensajes contra la persona, sino que también se meten con la familia para que nos duela más, lo que es una canallada. Son las formas de operar de un gobierno donde hay un fuerte deterioro de las libertades y de los derechos ciudadanos”.

Indicó que el modus operandi contra los defensores de derechos humanos es la llamada mencionando que saben dónde vivís, dónde estudian tus hijos, allanamientos de oficinas, aparentes robos comunes y daños a la propiedad.

“Recordó que tanto la presidente ejecutiva del Cenidh, Vilma Núñez, como el director Bayardo Izabá, han recibido llamadas telefónicas amenazantes, además han lanzado pintura a la casa de la doctora Núñez. Definitivamente, Nicaragua sufre un deterioro grave en materia de derechos humanos”, dijo Carrión.

Por su parte, Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, igualmente se solidarizó con la doctora Pizarro, lamentando el suceso y el acoso, además de la desconfianza en las autoridades.