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Un total de 230 mil usuarios que no han regularizado su servicio eléctrico se encuentran en difícil situación al acercarse la fecha tope para legalizar su situación. Una demanda de prórroga ni siquiera puede considerarse, ya que el plazo forma parte de una ley aprobada, según la diputada Jenny Martínez.

Cartas a la empresa TSK-Melfosur Internacional y a la Asamblea Nacional pidiendo una extensión para la legalización de aproximadamente 230,000 usuarios fueron interpuestas por concejales y organizaciones en defensa de los consumidores. Walter Espinoza, concejal miembro del Partido Liberal Constitucionalista, junto a un grupo de ciudadanos se dieron cita el viernes frente a las oficinas de la empresa TSK-Melfosur Internacional, buscando evitar multas y hasta cárcel.

En el edificio de la empresa, Espinoza solo pudo entregar el documento en Recepción, donde alegaron que en ese momento no había quién pudiera atenderlos.

Es parte de ley aprobada

El concejal también llevó la demanda ante la Asamblea Nacional. La diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura del parlamento, ha dicho ante los medios de comunicación que podrían recibir a los peticionarios, pero eso no significa que se vaya a prorrogar la fecha estipulada, “ya que es parte de una ley aprobada hace seis meses”.

Marvin Pomares, director del Instituto Nacional en Defensa del Consumidor, Indec, indicó que hasta 600 personas por día han recibido para consultar sobre los requisitos de legalización, sin embargo, han conocido que cuando van a las sucursales con la documentación, no lograron hacer la gestión por la saturación de personas pidiendo atención.

“Otro problema se verá con las personas que no tienen su escritura de propiedad o su solvencia, requisito indispensable para la legalización. Calculamos que de las 230,000 personas conectadas ilegalmente, al menos entre 60,000 y 70,000 no tienen los documentos de su propiedad. La complicación de ahora es que los diputados aprobaron esto sin tomar en cuenta esto”, comentó Pomares, mencionando que la población no está informada sobre el tema y desconoce que para legalizarse no paga nada.

Sanciones por conexión ilegal

Las sanciones se determinaron en junio de este año, con la aprobación del paquete de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Estabilidad Energética, Código Penal y la Ley para la Distribución y Uso Responsable de la Energía Eléctrica.

Según la reforma al artículo 236 del Código Penal, la persona que sustraiga ilegalmente los servicios de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones puede enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, y de 100 a 300 días multa, “igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial”.

La sanción de cárcel será solo para aquellos que sustraigan más de 9,800 córdobas de electricidad mensual de forma anómala.

El documento señala que a partir de la publicación de las reformas, se darían 180 días de plazo para que las personas con conexiones ilegales regularan su situación con la empresa distribuidora de energía y pasaran a ser clientes formales. Ese plazo termina este 15 de diciembre.

Requisitos para legalizar

Solicitud de legalización
Fotocopia de cédula de identidad
Fotocopia de escritura o solvencia de propiedad
No se paga nada por la gestión