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Costa Rica no podrá continuar la construcción de la carretera paralela al río San Juan hasta finales de 2014, y deberá entregar a Nicaragua el estudio de impacto ambiental de esa obra a más tardar el 19 de diciembre.

Lo anterior se desprende de la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, este viernes, cuando los magistrados del órgano jurisdiccional más importante del mundo rechazaron la solicitud de Nicaragua de imponer medidas cautelares a Costa Rica sobre la construcción de la trocha de 130 kilómetros paralela al nicaragüense río San Juan.

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Aunque el Gobierno de Costa Rica consideró esa decisión del Tribunal de La Haya como una “victoria”, el Gobierno de Nicaragua, en una nota de prensa, expresó satisfacción “por el reconocimiento de la CIJ de la existencia del impacto ambiental causado al río San Juan, como consecuencia de la negligente construcción y planificación de dicha carretera”.

La nota del Gobierno de Nicaragua también manifiesta que espera que las aseveraciones hechas por Costa Rica a la CIJ y los compromisos asumidos, sean debidamente cumplidos.

Corte tomó palabra de ticos

Para el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, “si bien es cierto la Corte no dictó medidas cautelares directamente como lo pidió Nicaragua, sí le tomó la palabra a Costa Rica en cuanto a los compromisos internacionales asumidos por ella durante las audiencias orales en noviembre, lo cual se encuentra recogido en los párrafos 33 y 37 de la Ordenanza emitida, y que recogen, en cierta medida, preocupaciones de Nicaragua en el tiempo que media entre esta fecha y la emisión del fallo definitivo posiblemente a finales del 2014”.

En ese sentido, agregó Herdocia, la Corte estimó que Nicaragua no probó que los trabajos de construcción de la carretera, en un futuro inmediato, hubiesen llevado a un incremento en el depósito de sedimento en el río.

Para Herdocia lo más importante que señala la Corte es que Costa Rica aceptó, en el transcurso de los alegatos orales, que tenía el deber y la obligación de no causar un daño transfronterizo sensible como resultado de la construcción de la carretera.

Asimismo, destaca el experto, Costa Rica se comprometió a que el próximo 19 de diciembre, es decir en seis días a partir de ayer, viernes, presentará un “diagnóstico ambiental”.

Compromisos internacionales

Herdocia precisó que el párrafo 33 de la ordenanza emitida por la Corte recuerda que Costa Rica presentó un nuevo plan de trabajo sobre la construcción de la carretera, expresando que no se reanudarían las actividades sino al finalizar 2014 o a inicios de 2015.

El recordatorio que hace la Corte constituye compromisos internacionales asumidos por Costa Rica ante el tribunal mismo en las audiencias orales, siendo actos unilaterales que comprometen al Estado costarricense a respetarlos.

“Por eso decimos que lo que realmente hizo la Corte fue, en lugar de emitir medidas cautelares, retomar las compromisos asumidos por Costa Rica y las acciones ofrecidas en esa línea, compromisos que ya Costa Rica no puede deshacer o revertir”, añadió.

“En resumen, podemos decir que la Corte trasladó a Costa Rica el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ella misma en las audiencias orales sobre temas torales planteados por Nicaragua, como son: la no continuación de los trabajos, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (Diagnóstico ambiental) y la necesidad de tomar medidas de remediación y prevención", manifestó.