Jorge Eduardo Arellano
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SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN
Un llamado al Gobierno de Nicaragua a ejercer soberanía en la frontera sureste del país, donde a escasos tres kilómetros del río San Juan se ejecuta el proyecto minero Crucitas, hicieron algunos riosanjuaneños que reaccionaron preocupados ante el Decreto del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, sobre la minería a cielo abierto y precisamente la tala rasa de 262 hectáreas de bosque en la cuenca que ambos países comparten.

Carlos Corea Balladares, catedrático universitario y comunicador social, condenó la disposición del presidente costarricense al “bendecir” el proyecto minero de Crucitas y ordenar “un despale indiscriminado en la Cuenca de San Juan.

A su juicio, el Gobierno debe ejercer su soberanía en la zona fronteriza, “el problema es que hay una falta de presencia institucional, si bien es cierto que Costa Rica está ejerciendo su soberanía, ya es tiempo de retomar lo que queda del concepto de Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz (SI A PAZ), creada en 1987, precisamente cuando Óscar Arias y Daniel Ortega estaban en la silla presidencial, ambos han hecho caso omiso a este sistema que no es más que el desarrollo de la cuenca binacional”.

Según Corea, con esa acción el presidente costarricense pretende ejercer presión ante el juicio que han promovido en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues “las pretensiones de Costa Rica sobre el nicaragüense río San Juan son de vieja data.

Tala rasa para explotación minera
Gabriel Aguirre Marín, miembro de la Comisión Ambiental Departamental y especialista en medio ambiente, consideró que la aprobación del presidente de Costa Rica para la tala rasa de los 262 hectáreas de cobertura boscosa afectará grandemente la cuenca del río San Juan, que trasciende a Costa Rica, “se trata de un despale indiscriminado encaminado a preparar las condiciones para la explotación minera”.

Aguirre dijo que es “incorrecta” la disposición del mandatario costarricense como fue incorrecto la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), al no considerar las afectaciones ambiental es de proyecto.

Para Aguirre Marín, es necesario utilizar los procedimientos establecidos a través de Cancillería y del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) para revisar el caso y frenar las intenciones.

Según Aguirre, la aceptación del recurso de amparo contra la tala rasa del bosque por parte de la Sala Cuarta Constitucional, permitirá dar tiempo para hacer entrar en razón al presidente tico”.

Francisco Díaz, Alcalde de El Castillo, en cuya jurisdicción fronteriza se ubica el proyecto minero Crucitas, indicó que el presidente Arias está violando los convenios internacionales que resguardan la Cuenca del San Juan, y ¿de qué sirven los acuerdos binacionales sostenidos por los presidentes?, se preguntó.

El edil dice que “Costa Rica puede hacer usos de sus recursos, pero no debe causar daños en nuestros territorio”, mientras, aseguró, que continuarán firmes en contra de la exploración y explotación minera, cuyo compromiso también han asumido los candidatos a alcaldes de los diferentes partidos”.