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Las sucursales de Disnorte-Dissur en todo el país se llenaron ayer de pobladores que a última hora realizaban los trámites para legalizar su servicio de energía eléctrica, pues desde hoy las personas que roben energía serán acusadas judicialmente por “aprovechamiento indebido de fluido eléctrico”, y deberán enfrentar una pena de uno a tres años de prisión.

El Instituto Nicaragüen-se de Defensa de los Consumidores, Indec, calcula en 230,000 los usuarios que están conectados ilegalmente. Flora Ríos es parte de esa cifra.

Ayer, cuando concluyó el término de 180 días para legalizar su situación, Ríos viajó desde Jalapa hasta Managua, y se dirigió desde muy temprano a la sucursal de Rubenia, para solicitar un medidor y pedir un arreglo de pago, pues según la empresa distribuidora de energía ella adeuda C$60,000.

“Cuando mi esposo murió dejé a alguien cuidándome la casa, que está ubicada en El Riguero, y salió bastante de luz. Hasta ahora que me dijeron que hay que legalizarlo vine, pero en la casa solo hay una bujía y sale de C$3,000 el recibo. Nunca he sacado medidor y ahora dicen que les debo C$60,000, ¿de dónde voy a sacar para pagarles si soy pensionada?”, narró Flores, mientras enseñaba su número en la fila: el H77.

En todas las sucursales de Disnorte-Dissur se apreciaban largas colas fuera de los edificios. Los guardas de seguridad estaban entregando números que iban del 1 al 100, y eran ordenados por letras.

Saturan el 125

La línea 125, a la que los usuarios debían llamar para solicitar un código, se saturó. “Yo no había venido porque estaba esperando que Unión Fenosa (Disnorte-Dissur) llegara a mi casa y nunca llegó”, adujo Rufino Castillo, habitante de Villa Reconciliación, quien hacía fila en las afueras de la sucursal de Plaza España.

Los usuarios que acudieron hasta el último día para gozar de la amnistía, se excusaron de distintas formas para justificar su actuar tardío. “Yo estaba operado y no podía venir así”, declaró Ricardo Guadamuz, al tiempo que se levantaba la camisa para enseñar la herida aún sin sanar que tiene en su abdomen.

Qué documentos llevar

La población desconocía qué documentos exigía la empresa distribuidora de energía para legalizar su situación, que eran el título o escritura que los acredita como dueños de la propiedad, un código expedido por la misma empresa luego de llamar al 125, la copia de la cédula y la constancia de inspección que emite la Dirección General de Bomberos.

“Ahorita están diciendo que antes había que ir a los Bomberos, pero yo no lo sabía”, expresó Ricardo Guadamuz, el que antes enseñó la herida en su abdomen.

En los últimos siete días, el Departamento de Ingeniería de la Dirección General de Bomberos ha recibido el doble de solicitudes de inspección a conexiones de luz, dijo el jefe de esa sección, comandante Héctor Coronado.

Según Coronado, en un día normal se realizan en promedio 30 inspecciones, sin embargo, en la última semana se han hecho entre 50 y 60. “El trabajo ha sido más pesado, los inspectores salen hasta seis, siete veces”. Ayer, uno de los diez inspectores con los que cuenta este departamento había realizado hasta el mediodía siete inspecciones.

Sin versión oficial

Durante todo el día fue imposible una versión oficial de las empresas Disnorte y Dissur. Su vocero, Jorge Katín, no respondió a las múltiples llamadas a su celular.

A criterio de Marvin Pomares, del Indec, vía decreto presidencial el Ejecutivo debería dar una prórroga de entre uno y tres meses más para que la gente que no acudió en los últimos 180 días a legalizar su situación, se acerque a las oficinas de la empresa distribuidora.

“Sí hubo tiempo, pero la campaña de información que hizo la empresa solo fue de dos meses”, justificó Pomares, quien se preguntó si Disnorte y Dissur tendrán la capacidad para instalar 230,000 medidores y 130,000 postes. “Es una inversión millonaria”, dijo.

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Según Pomares, de los 230,000 usuarios que están ilegales, “60,000 no tienen título de propiedad y no podrán legalizarse. Hay muchos que tienen hasta dos años de estar pidiendo el medidor, y aunque aún no lo tienen sí les cobran un costo fijo, pero súper alterado”.

Para Lilliam Herrera, quien esperaba a ser atendida en la sucursal de Masaya, el trámite fue tedioso.

“A mí en 2006 llegaron a quitarme el medidor sin previo aviso, ni las razones me dieron de por qué lo quitaban. Sin embargo, el recibo siempre llegó y la mayoría (de veces) con alteraciones. Hasta me multaron con C$35,000 por haberme pegado”, dijo la usuaria.

 

Seis barrios y dos asentamientos en Estelí

En Estelí, en al menos seis barrios y dos asentamientos espontáneos contaban con  conexiones no regularizadas, entre estos uno ubicado en la parte norte de la ciudad, y los demás se sitúan al noroeste y suroeste.

Aunque en las oficinas de la empresa comercializadora de energía sus funcionarios declinaron brindar información a los periodistas, se sabe que en unas comunidades ubicadas en el sur de Estelí había al menos entre 60 y 70 conexiones ilegales.

Varios de los usuarios con presuntas conexiones irregulares, entre ellos Santos Espinosa, se mostraron indignados por el calificativo que les dan: “roba luz”, y dijeron que no habían legalizado el servicio porque tenían problemas con las escrituras de sus viviendas o lotes de terrenos, y sin esos documentos difícilmente podían legalizar el servicio.

 

Cárcel

El artículo 236 del Código Penal, el cual entró hoy en vigencia, establece que “quien por medio de una conexión ilegal o alterando los sistemas de control y medición, obtenga o utilice para sí o para un tercero, los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicios para la empresa suplidora o de otros usuarios, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años y de cien a trescientos días multa”.