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La empresa Disnorte-Dissur reportó que 16,647 usuarios acudieron a sus oficinas para legalizar su servicio eléctrico durante el período de amnistía que duró 180 días.

Según el Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores, Indec, son 230,000 usuarios los que están en esta situación, por lo que según las cifras de la empresa distribuidora de energía, apenas el 7.2% legalizó el servicio.

En una nota de prensa emitida la tarde de ayer por Disnorte-Dissur, se indica que “los casos de autodenuncias voluntarias se desglosan de la siguiente manera: Managua con 5,935; departamentos del norte con 4,199; departamentos del sur con 4,227; departamentos de occidente con 1,751, y departamentos en oriente, con 535”.

El lunes concluyó el período de 180 días que por ley se les dio a las personas que tenían conexiones ilegales. Durante este tiempo podían regular su servicio sin enfrentar sanciones.

También otros servicios

Desde ayer entró en vigencia el artículo 236 del Código Penal, que establece que “quien por medio de una conexión ilegal o alterado los sistemas de control y medición, obtenga o utilice para sí o para un tercero, los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicios para la empresa suplidora o de otros usuarios, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años y de cien a trescientos días multa”.

Disnorte-Dissur agregó en su nota de prensa que “aproximadamente unos 13,000 usuarios se acogieron a este plan durante la última semana de culminación del plazo”.

Esta empresa “dará inicio al plan de normalización de estos suministros, priorizando, en una primera etapa, aquellos donde las condiciones de red lo permitan, e incorporando los demás dentro del plan de inversión de redes que la empresa impulsará durante 2014”, indicó Disnorte-Dissur.

Consumidores insisten en más plazo

Teresa Rugama Saborío hacía fila en la sucursal de TSK de Carretera Norte, en busca de un acuerdo con la empresa de energía eléctrica para legalizar su situación, pese a que ya expiró el plazo para hacerlo.

Al igual que Saborío, muchas otras personas tenían la esperanza de lograr un acuerdo con la empresa distribuidora de energía.

Ricardo Osejo, presidente de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Consumidores, afirmó que hay personas en los barrios, asentamientos y en otros sectores bastante empobrecidos del país, que ni siquiera tienen un medidor o un contrato con TSK, y que aún así los quieren meter presos por “pegarse”, cuando ni siquiera tienen una relación contractual.

Osejo invitó a una negociación entre la empresa TSK-Melfosur y las personas que han hecho conexiones ilegales después de que se les haya suspendido el servicio de electricidad.

Indec pide más tiempo

Osejo manifestó que en el caso específico del Mercado Oriental, no se le puede aplicar el artículo 236 del Código Penal, ya que TSK no ha invertido para llevar las líneas primarias, postes y medidores al lugar.

Por su parte, Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores, Indec, dijo que como institución protectora de la ciudadanía enviaron una carta a la Asamblea Nacional para que se alargara la fecha tope para la legalización, pero esta no fue contestada.

Señaló que de los 230,000 usuarios que están ilegalmente conectados, solo un 28% logró arreglar su situación.