Leyla Jarquín
  •   Managua, Nicaragua  |
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, anunció que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tras conocer el fallo de la CSJ con el que rechaza los 31 recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico, Ley 800.

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, señaló ayer por la tarde que no habían revisado a profundidad la sentencia, la cual fue emitida la tarde del miércoles, pero dijo que a simple vista da lugar para que acudan ante la CIDH por violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Núñez de Escorcia explicó que la Ley 800 viola el derecho a previa consulta a los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el cual debe aplicarse cuando cierta disposición pueda afectar los recursos y propiedades de estos grupos.

"Olvidaron a comunidades"

“No es suficiente que hayan consultado a los Consejos Regionales Autónomos, debieron haber consultado y tomado en cuenta a las autoridades de los pueblos indígenas, y eso es lo más grave que notamos hasta el momento, la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas”, apuntó.

La presidenta del Cenidh indicó que a partir del pasado miércoles tienen seis meses para recurrir ante la CIDH.

A juicio de Núñez de Escorcia, con este fallo la CSJ no responde los planteamientos de inconstitucionalidad que hicieron el Cenidh y las otras 30 partes recurrentes contra la Ley del Canal. “No fueron capaces de contradecir por qué no se viola ninguno de los artículos que señalamos en los recursos”, insistió.

Agregó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional usaron entre sus argumentos una visión “muy estrecha” sobre soberanía, al afirmar que todos aquellos bienes que se afecten con la construcción del canal interoceánico quedarán dentro del territorio nicaragüense.

Cosep también recurrió

Otra de las organizaciones que recurrió por inconstitucionalidad contra la Ley 800 fue el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, asegurando que violenta el principio constitucional de garantizar el derecho a la propiedad privada y el pago previo de justas indemnizaciones.

La Ley del Canal otorga la administración de la obra por 100 años a la compañía china HK Nicaragua Canal Development, y al ser rechazados los recursos por inconstitucionalidad, lo relativo a las expropiaciones y al pago de las indemnizaciones quedará a conveniencia de dicho concesionario, es decir, que la empresa de capital chino es la que decidirá cuánto pagará a las personas cuyas propiedades resulten afectadas.

 

Sin respuesta

El Nuevo Diario buscó la reacción del Cosep, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta a la solicitud de consulta.