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Al cumplirse hoy 13 días de la fuga del empresario Roberto Bendaña, la Fiscalía todavía no presenta acusación por este nuevo delito, confirmó el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, magistrado Gerardo Rodríguez.

"A hoy miércoles (ayer) en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, Ordice, no hay ninguna otra acusación de la Fiscalía", dijo el magistrado Rodríguez al ser consultado por los periodistas.

El empresario huyó de su casa la noche del pasado 27 de diciembre, donde permanecía bajo arresto domiciliar con vigilancia policial permanente.

Bendaña enfrenta cargos por estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento en la emisión de títulos valores en perjuicio de las monjas del Colegio Teresiano.

Por los mismos hechos también son acusados y permanecen bajo arresto domiciliar, el empresario Álvaro Montealegre Rivas y el economista Hugo Paguaga.

Por su parte el juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Octavio Rothschuh, dijo que lo único que ha recibido hasta el momento es un informe donde la Policía le comunica sobre la fuga del reo Bendaña.

El judicial expresó que por la gravedad del hecho informado por las autoridades policiales, él de inmediato giró la correspondiente orden de captura, pese a que estaba en un período de vacaciones.

Hasta ayer el Ministerio Público tampoco había solicitado la audiencia de revisión de medidas cautelares para los otros acusados, confirmó el juez de la causa.

Nelson Ortiz Baldelomar, abogado defensor de Bendaña, reclamó porque --según él-- varios días después de haberse declarado la rebeldía en el proceso y emitido la orden de captura contra su representado, todavía no ha sido notificado.

"La declaración de rebeldía y la orden pueden ser dictadas por el juez sin necesidad de audiencia, pero debemos ser notificadas todas las partes porque nosotros no estamos pintados en el proceso", reclamó Ortiz.

 

Cárcel y multa

El artículo 483 del Código Penal sanciona con pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 90 a 300 días equivalentes al

salario mínimo del sector industrial, a quien se dé a la fuga quebrantando una medida cautelar de casa por cárcel.

Un artículo anterior (el 482) del mismo Código, establece que el empleado público que procure, permita o facilite el quebrantamiento de una sentencia condenatoria o medida cautelar, será sancionado con prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer el cargo de 2 a 6 años.