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El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, PGR, solicitaron este jueves fallo de culpabilidad para los 29 reos acusados de pertenecer a seis grupos de presuntos narcotraficantes y tumbadores de droga capturados durante la llamada “Operación Sur”.

La petición fue hecha por los representantes de los entes acusadores del Estado ante el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano López, en el inicio de los alegatos conclusivos del juicio, que inició el pasado 26 de diciembre.

El primero en pedir el fallo de culpabilidad para los 29 indiciados fue el fiscal auxiliar Giscard Moraga, quien explicó que la Policía descubrió la existencia de los seis grupos de presuntos narcotraficantes y tumbadores de droga (que roban cargamento de estupefacientes), al capturar a Benelux Martínez, en enero de 2013, haciendo una transacción narco en un centro comercial de la capital.

Al hacer su apertura de alegatos conclusivos, el representante del Ministerio Público expresó que los 29 reos además de transportar estupefacientes robaban cargamentos de droga procedentes de Costa Rica.

Entre los imputados hay dos miembros de la familia Canda, que según la acusación del Ministerio Público, se dedicaban a hacer las veces de testaferros, y en algunas ocasiones de sicarios.

El fiscal Moraga inició sus alegatos dejando recaer la carga de la prueba sobre Benelux Martínez, Junior Castellón, Juan Carlos Galeano y Gregorio Canales, este último un campesino de la zona de Rivas.

Canales, capturado varios meses después de la “Operación Sur”, era cabecilla de uno de los seis grupos desarticulados por la Policía en ese entonces, pero su especialidad era el robo de cargamentos de droga, refirió el fiscal Moraga.

PGR a la carga

Seguidamente, el fiscal auxiliar Abraham Abarca, al iniciar sus alegatos finales, también pidió al judicial que declare culpables a los 29 procesados, asegurando que en el juicio “quedó demostrada la culpabilidad de los acusados”.

El representante de la PGR señaló que con las pruebas documentales aportadas por los entes acusadores del Estado (la Fiscalía y la PGR) quedó demostrado que los acusados utilizaban a familiares como testaferros para adquirir bienes con dinero procedente del narcotráfico.

Al cierre de la presente edición, los 12 abogados defensores se encontraban haciendo sus alegatos finales los que estaban previstos concluir a la medianoche del jueves, según estimaron los litigantes.

 

 

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