Jorge Eduardo Arellano
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Corresponsal Costa Rica

El representante de la Federación Ecologista (Fecon), Mauricio Álvarez, declaró que las autoridades de Costa Rica no han medido las consecuencias políticas que se podrían generar con su vecina Nicaragua, en el caso que opere el proyecto minero de Las Crucitas, en San Carlos.

Indicó que no es remoto que se pueda dar un conflicto binacional de gran trascendencia a nivel político, porque ese gobierno ha manifestado su descontento con la ubicación de la mina por las cercanía a los afluentes del río San Juan.

Por su parte, otros ambientalistas consideran que al gobierno nica no se le ha visto con un rol más enérgico para proteger al río.

Estiman que además de un comunicado que le envió la Cancillería costarricense, no se ha vuelto a saber de la defensa que debe hacer, no sólo del río sino de la cuenca hidrográfica que se vería afectada. Tampoco hay reclamos por la tala de unas 200 mil hectáreas de bosques ni por el cianuro que se usará para extraer el oro de las rocas.


¿Y la parte nica?
Agregaron que los ambientalistas ticos, junto a la población consciente del daño que se generará al ecosistema de la zona, han recurrido a todas las instancias posibles para protestar y parar ese proyecto pero que aún falta por ver la parte nica, pues tienen elementos jurídicos internacionales para demandar a Costa Rica si pone en riesgo el río San Juan.

“El gobierno nicaragüense debe ser más beligerante en el cuido de sus recursos acuíferos. Tienen que asumir una posición más clara, porque el daño al río San Juan sería inminente”, apuntaron.

Álvarez informó que se interpondrá, adicional al actual recurso de amparo que paró la tala de 191 hectáreas de árboles para ubicar el tajo de la mina Las Crucitas, otros cuatro recursos pero en contra del decreto del presidente Oscar Arias y su ministro del Ambiente, Roberto Dobles, que declaró la explotación de de la mina como de interés público.

El representante de Fecon, al igual que sus compañeros opositores al proyecto y que se manifestaron este lunes en las afueras de la sede del Ministerio del Ambiente, pidieron la renuncia del ministro del Ambiente, por haber supuestamente mal informado al presidente Arias para que firmara el decreto.

El proyecto minero Las Crucitas está a cargo de la empresa Industrias Infinito, perteneciente a la canadiense Vanesa Ventures; pretende una extracción de 700,000 onzas de oro, las cuales tendrían un valor que rondaría los US$800 millones.

“El problema es que afectará a la lapa verde y ocasionará una seria deforestación, pues para la actividad se debe hacer un hueco de 80 metros, que es del tamaño de un cerro, al tiempo que la empresa tendrá que emplear cianuro. Se ha estimado que la actividad minera empleará entre 30 mil y 250 mil litros de agua por hora…” expuso.

El peligro expresado por estás organizaciones en el caso del río San Juan radica en que la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanesa Ventures; espera extraer 700 mil onzas de oro, para lo cual usará cianuro.


Cianuro llegaría al San Juan
Se teme, como ha ocurrido en otras experiencias de minas a cielo abierto (Miramar, en Puntarenas), que ese nocivo químico pueda filtrarse hasta los ríos cercanos (ticos), y que éstos, por ser vertientes del San Juan, los transporten hasta sus aguas, ocasionando un daño de enormes proporciones al ecosistema.

Antes, deberán afectar 262 hectáreas, de las cuales 191 son del bosque por el cual ambientalistas están protestando, pues consideran que desaparecerá toda la vida y hábitat que alberga actualmente.

Por su parte, el diputado del PAC, Marvin Rojas, criticó el doble discurso del presidente Arias, pues considera que en el exterior vende la imagen de ser un país protector del medioambiente pero a nivel interno aprueba que se termine con bosques.

“El presidente se va a promover (al exterior) su proyecto de Paz con la Naturaleza, pero aquí a lo interno lo que viene es a declararle la muerte a la naturaleza y a decirle que muera en paz”, sostuvo Rojas.