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En una reunión de la Sala Constitucional, calificada de ilegal por el magistrado Manuel Martínez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados sandinistas declararon inconstitucional la Ley 630, con lo cual restablecieron la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructuras del Poder ejecutivo.

Además, en la misma sentencia se pronunciaron declarando constitucional el nombramiento que el presidente de la República, Daniel Ortega, hiciera de su esposa, Rosario Murillo, como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, Conpes, aunque no había ningún Recurso de Amparo contra dicho nombramiento.

Murillo con doble cargo “legitimado”

De esta manera, los magistrados sandinistas revistieron de constitucionalidad los dos cargos que ostenta Murillo, ahora en el Estado, como Secretaria Ejecutiva del Conpes y como Coordinadora de los CPC, desconociendo la propia Constitución Política que prohíbe tener dos cargos en el Estado.

Magistrado Presidente descalifica

Mientras los magistrados sandinistas daban a conocer su resolución, el magistrado Martínez descalificaba la sentencia por considerar que fue emitida por una Sala Constitucional integrada de forma ilegal, a la sombra de la noche y sin cumplir con las formalidades de ley para la tramitación de un Recurso de Amparo.

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, había informado a eso de las 4:30 de la tarde que lo único que se había hecho en la reunión ordinaria del mediodía era radicar el expediente, por tratarse de un auto de mero trámite que no requería de la presencia de los demás magistrados.

¿En qué momento mandaron oír a las partes?
En ese momento explicó que sólo tres miembros de la Sala Constitucional se habían integrado: Rafael Solís, Ligia Molina y él. Sin embargo, sorpresivamente en horas de la noche dieron a conocer la resolución, sin explicar en qué momento mandaron a oír a las partes.

En la sentencia, emitida a las seis de la tarde, refieren que se llamó a integrar sala a los magistrados Armengol Cuadra, Juana Méndez y Yadira Centeno, indicando que todo es de acuerdo a las facultades que tiene el Presidente de la Sala, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, el magistrado Manuel Martínez llegó a calificar como un golpe de Estado lo resuelto por los magistrados sandinistas y afirmó que los magistrados liberales no fueron convocados a la reunión realizada al anochecer, y por consiguiente todo lo resuelto es nulo.

“La culpa es de los ausentes”

En cuanto a las declaraciones que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, en un medio televisivo, el magistrado Francisco Rosales comentó que no amerita pronunciarse. “Él sabía que nos íbamos a reunir a las cuatro de la tarde, ya que a mediodía suspendimos sesión y se acordó esa hora. Si no se hicieron presente es problema de ellos, además la culpa no es de los presentes, sino de los ausentes”, dijo el magistrado.

Martínez, a través de un medio televisivo, afirmó que al declarar inconstitucional la Ley 630 se viola la independencia de poderes establecida en la Constitución Política y se rompe el Estado de Derecho con todo lo que ello implica.

Rosales: Dirimir conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo

Rosales, por su parte, expresó que el Poder Judicial no hizo nada más que dirimir el conflicto que existía entre el Ejecutivo y el Legislativo, y defendió su resolución argumentando que en cualquier parte del mundo donde se violentan las normas fundamentales, y más aún lo que se consideran bloques de organización social, la ley lo considera inconstitucional.

En los considerandos de la sentencia, expresan que La ley 630, Ley de Reformas y Adiciones al artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, es inconstitucional porque en esencia deroga la facultad del Presidente de la República para crear por medio de Decretos Ejecutivos los Consejo como estructuras del Poder Ejecutivo en el artículo uno.

Agrega la resolución que la Ley 630 limita al Presidente a crear únicamente por medio de Decretos las Secretarías al reformar el artículo 11 de la Ley 290, supeditando la participación ciudadana a una Ley de la Materia, cuando la participación directa en los asuntos públicos de los ciudadanos es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas.

A conocimiento de Corte Plena

Los magistrados elevaron al conocimiento de la Corte Plena la ratificación de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 630 en su totalidad, por violar las facultades constitucionales del Presidente de la República.

Rosales comentó que “en el pasado existía el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, que lo presidía Jaime Morales Carazo en el tiempo del presidente Enrique Bolaños, también se formó el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional para la Salud Pública y todos fueron creados por decretos administrativos, ¿ahora cuál es el problema?”, preguntó el presidente de la Sala Constitucional.

Señaló que nadie puede conculcarle competencias al Poder Ejecutivo y menos por emitir decretos administrativos. Además, dijo que la Ley 612 establecía los límites que tenían los Consejos del Poder Ciudadano. “Las cosas se enredaron cuando le quisieron restar facultades al Presidente de la República”, señaló el funcionario.

“En base a la Ley de Amparo, a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo declaramos inconstitucional, ahora lo que queda es la ratificación en pleno de parte de la Corte Suprema de Justicia”, concluyó Rosales.