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Según la Fiscalía, US$43 millones y más de C$30 millones es el dinero que lavaron 25 presuntos narcotraficantes que son acusados en el juicio de la llamada “Operación Temis”.

Así lo indica el informe financiero elaborado por el Departamento de Inteligencia y Análisis Financiero de la Dirección de Delitos Económicos, DIE, incorporado como prueba sobrevenida (surgida a última hora) por la Fiscalía.

El informe financiero que la Fiscalía ofrece como prueba solo registra actividad financiera de ocho de los 25 acusados en las instituciones bancarias y en empresas de envío de dinero y transferencias.

En el parte financiero se indica que Juan Carlos Pavón Murillo recibió remesas por el orden de US$13,480 procedentes de México, Guatemala, Honduras y Costa Rica, y envió dinero a Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica por el orden de los US$20,848.50.

Entre 2010 y 2012

La agrupación de presuntos narcotraficantes desarticulada en marzo de 2012 sirvió como apoyo al narcotráfico internacional entre 2010 y la fecha en que fueron capturados, período en el cual presuntamente lavaron las cantidades de dinero antes referidas.

Los presuntos narcotraficantes habrían lavado dinero mediante la compra de casas, fincas, ganado, vehículos y consumo personal, según el informe financiero contenido en 67 páginas.

Según el parte financiero hecho por una perito de la DIE que elaboró el documento, no existe correspondencia entre lo gastado por los 25 acusados y lo reportado por ellos como ingreso.

Abogados protestan

La aceptación del informe financiero como prueba surgida a última hora por parte del juez Séptimo Distrito de la capital, Octavio Rothschuh, generó la protesta de los 17 abogados defensores.

Los defensores de los acusados también hicieron ver que el informe financiero --por tratarse de un peritaje-- debió haberse ofrecido como prueba al menos 15 días antes del juicio y no cinco días después de iniciado.

“Ni siquiera cumplieron con las formalidades del Código Procesal Penal dando copia de la prueba ofrecida, señaló el abogado Roberto Cruz, defensor del guatemalteco Martín Sánchez Flores.

Cruz señaló que el informe no puede ser tenido como prueba sobrevenida porque el Ministerio Público sabía que el mismo estaba siendo elaborado por la Dirección de Delitos Económicos.

Las defensa de los 25 acusados también reclamó que mientras las autoridades --Policía y Fiscalía-- tuvieron 11 meses para recopilar información, a ellos solo se les dio una semana para hacerlo.

“Si este es un juicio con tramitación compleja debió haberse dado 30 días a los abogados para buscar las pruebas necesarias para rebatir el informe financiero”, explicó el abogado Roberto Cruz.

El juicio donde los 25 imputados enfrentan cargos por crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico se reanudará el próximo 18 de febrero.

 

 

"Ni siquiera cumplieron con las formalidades del Código Procesal Penal dando copia de la prueba ofrecida".

Roberto Cruz
Abogado defensor

 

 

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