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RIVAS

El juicio oral y público al que serían sometidos este 29 de octubre once integrantes de una banda de sicarios que tenía la misión de asesinar a seis rivenses, fue suspendido un día antes y entre las causas está la acusación autónoma que presentó el 27 de octubre la Procuraduría General de la República, contra los once capturados entre los que está el mexicano Miguel Ángel Hernández, señalado por la Policía Nacional como el hombre que dirigía el operativo en Nicaragua.

De acuerdo con la fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, la PGR presentó el 27 de octubre una acusación autónoma contra los once integrantes de la banda de sicarios, capturados en tres operativos que se escenificaron el 18 de septiembre en la ciudad de Rivas, Ochomogo y Tipitapa. Según la fiscal, dicha acusación motivó que la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Iveth Toruño Blanco, cancelara el juicio.

Tras la cancelación, la juez Toruño Blanco fijó para el cuatro de noviembre la realización de una audiencia especial, en la que se determinará si acepta o no la acusación autónoma presentada por la PGR, y a la vez ese día determinaría la fecha para la realización del juicio.

Pero además de la acusación autónoma, el abogado Roberto José Cruz, defensor del mexicano Miguel Ángel Hernández, pidió el 21 de octubre a la judicial autorizar una inspección a la libreta que se le encontró a su cliente y en la cual aparecen los nombres de los rivenses Franklin Heriberto Torres y su hijo del mismo nombre; Hugo Obando Víctor, Mario René Gazo, Jairo Cerda Calero y su esposa Jamileth Dolores Ramírez Espinoza, de 37 años, y a quienes según la versión que dio la Policía, los asesinarían por considerarlos como los tumbadores de un cargamento de droga de un cártel mexicano.

En tanto, el abogado Carlos Cerda solicitó a la judicial que autorizara una inspección a los 54 proyectiles que la Policía Nacional ocupó a sus clientes de origen hondureño, MMarlon Benjamín Borjas Montiño y José Santos Benítez, y a los nicaragüenses Juan José Pérez González, Juan José Ricardo Parrales y Víctor Uriel Miranda.

Según la fiscal Ibarra, la judicial dio lugar a la petición de los abogados, pero bajo el resguardo de la Policía y dentro de la unidad policial de Rivas. Todo esto se sumó a que el juicio se postergara sin que hasta hoy se conozca la fecha de su reprogramación.