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LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN EL SALVADOR, ante la campaña sistemática de desestabilización y de descrédito que se impulsa contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, informa a los Representantes de  los países miembros de la XVIII  Cumbre Iberoamericana, organizaciones invitadas,  opinión pública salvadoreña y a la sociedad en general lo siguiente:

Los argumentos para denigrar al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, corresponden a esfuerzos de organizaciones políticas que en su afán de hacer proselitismo político en  el actual contexto electoral, recurren a la mentira y manipulación mediática, tanto a nivel nacional como internacional, intentado polarizar el clima electoral, incidiendo en la tranquilidad que ha caracterizado nuestros comicios. El proceso electoral para elegir las autoridades municipales se celebrarán el próximo 9 de Noviembre del año en curso.

El comunicado de la Delegación de la Unión Europea emitido el 22 de Octubre en Managua expresando su preocupación, por un supuesto “acoso” a varias ONG’s y a “ciertas personalidades de la sociedad civil”, se refiere a un proceso legal de investigación limitado únicamente a ocho Organismos No Gubernamentales entre los más de cuatro mil existentes en Nicaragua, por actividades realizadas por éstos que rebasaron el “respeto a la legislación vigente”, tal a como lo señala el mismo comunicado.

Siendo coherentes con el apoyo otorgado por la Unión Europea para fortalecer la institucionalidad, estamos aplicando las Leyes que precisamente coadyuvan a ese fortalecimiento.

En consonancia con lo anterior, actos que “restringen seriamente” la democracia, el pluralismo y ponen en duda la transparencia de las próximas elecciones municipales, se refiere a  la investigación a que está siendo objeto el señor Eduardo Montealegre, por su participación en uno de los más grandes robos realizados al Estado de la República de Nicaragua (caso de los Certificados Negociables de Inversión CENI’s).

Es de sobra conocido el involucramiento de algunos embajadores de la Unión Europea desde la campaña electoral del 2006, actuando de manera abierta o encubierta, alineándose a los ejes de confrontación que la derecha opositora de nuestro país despliega políticamente en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Estos ejes entre otros: la despenalización del aborto terapéutico, como condición para la cooperación, sobre acciones legales alrededor de la investigación de acciones irregulares de ocho ONG’s y su lucha política actuando como partido de oposición. Seria interesante conocer la opinión de la UE sobre las legislaciones en América Latina donde la penalización del aborto es más severa.
 
Ese alineamiento se explica por la relación existente entre la única ONG bajo investigación vinculada con una mujer y el director de la  misma, el cual  forma parte del periodismo establecido.

Todo con el objetivo de dejar la impresión de que debido a esas preocupaciones de la UE y de los autollamados Amigos de la Carta Democrática Interamericana, la ayuda iba a ser retirada al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y con ello afectar a la población nicaragüense, para desnaturalizar el proceso electoral venidero, utilizando la adjetivización de escenarios como “fraude electoral” que pondría en “riesgo” el proceso político institucional democrático que se vive en Nicaragua.

Desde el año 2007 el MRS, minúscula agrupación política, integrada principalmente por algunos intelectuales con vinculaciones internacionales, había venido incumpliendo la Ley Electoral y sus propios estatutos. Pese a numerosos llamamientos de parte del Poder Electoral a solventar dichas irregularidades sus representantes siempre hicieron caso omiso.

A solicitud del representante de un partido de la oposición el Consejo Supremo Electoral se procedió a revisar la situación legal del MRS observando el debido proceso contemplado en la Ley Electoral vigente, la cual es de rango constitucional (Artos. 72 al 76, Capítulo III, L. E.) y resolvió, por tanto, cancelarle la personalidad jurídica. Dicha agrupación política hizo uso de los recursos que la ley le confiere, y a pesar de haber acreditado de manera anómala su personería, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia radicó el recurso el cual está de sentencia. Está claro que el MRS decidió no cumplir con la ley a pesar de haber tenido muchas oportunidades de hacerlo. El incumplimiento no es culpa ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Electoral, sino es exclusivamente una responsabilidad de sus dirigentes.

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo es posible pedir que haya respeto por el estado de derecho, y al mismo tiempo se rompa la legalidad? No obstante, y gracias a una campaña mediática de la mayoría de los medios locales, han pretendido venderse como víctimas de una persecución por parte del ejecutivo. ¿Cómo puede asegurarse que por aplicar la ley hay persecución política y que se están restringiendo los espacios democráticos? Debe recordarse que el estado de derecho se caracteriza por el sometimiento de todos a la ley, en su enunciado más simple, y que nadie se encuentra por encima de ella y esto vale tanto para todos, sin importar su condición política, económica o social.

Es oportuno señalar que miembros activos de la cúpula de dicha agrupación política están ligados con directivos de la ONG-Cinco bajo investigación y militantes activos del MRS. A su vez, aliados de un candidato a Alcalde, actualmente bajo investigación por el caso de los CENI’s, y una de las miembros de CINCO es directiva del llamado


Movimiento Autónomo de Mujeres (MAN), que juntos todos se han denominado unilateralmente  “representantes de la Sociedad Civil”.

La ley Electoral obliga a que todos los partidos políticos que compiten en todos los procesos municipales deben participar al menos en el 80% de los municipios y con al menos el 80% de los candidatos, y en caso de incumplimiento se pierde la personalidad jurídica. El Partido Conservador llenó el requisito porcentual, pero dentro del término del calendario electoral, 501 de sus candidatos renunciaron. El partido conservador solamente sustituyó a 400, dejando sin sustitutos a 101 candidatos, no llegando con ello al 80% que obliga la ley. Por ello, el Consejo Supremo Electoral resolvió cancelarle su personalidad jurídica. Al igual que el caso anterior, no se observa ninguna violación de derecho humano alguno, sino lo que hay es un incumplimiento a la ley, la cual establece las sanciones correspondientes.

En Nicaragua existen 4,447 Organismos No Gubernamentales, regulados por la Ley No. 147 o Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Aquí se encuentran tanto las Asociaciones como las Fundaciones de carácter civil o religioso, siendo una de las notorias características el apartidismo político.

De este total, únicamente ocho están siendo investigadas por la Dirección General de Asociaciones de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, dependencia del Ministerio de Gobernación, porque así lo dispone la ley (Arto. 13, literales c, d, e, f y g, Arto. 14, 22, literal b, Arto. 24, ). Esta ley data desde 1992 y fue sancionada, promulgada y publicada por el gobierno de la Señora Violeta Barrios viuda de Chamorro.

De ahí que es mal intencionado y falso hablar de persecución a los ONG’s. De los investigados, solamente cuatro están reguladas por el Ministerio de Gobernación. Las otras cuatro no tienen personalidad jurídica. Igualmente es falso afirmar que los ONG’s bajo investigación sean los “representantes de la sociedad civil”, porque como se puede observar el porcentaje de los afectados es mínimo en comparación con el universo.

FORUM SyD y OXFAM Gran Bretaña, tienen 12 y 10 años respectivamente de no informar sobre sus estados financieros, ni la actualización de su representante legal; Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO): no ha reportado su actualización de Junta Directiva, y en sus balances contables se encontraron inconsistencias respecto al origen de las donaciones, proyectos y el hecho de prestar su razón social para suscribir convenios para organizaciones que no tienen personalidad jurídica, entre otras, en contravención a la ley ya citada. Los hallazgos motivaron que el Ministerio de Gobernación hiciera del conocimiento de la Fiscalía General de la República tales hechos para que se investigara a fondo, y eso es lo que actualmente ocurre.


De los sometidos a investigación, todos, excepto uno, se han opuesto a obedecer una orden judicial, y no un allanamiento de facto, como han querido hacer ver los “Amigos de la Carta Democrática Interamericana”. El gobierno ha actuado a fin de que se ordene el accionar de éstas, dentro del marco de la legalidad, sin afectar el derecho a la libertad de asociación. No se ha aplicado multa, menos sanción. Mediáticamente, tanto a nivel nacional como internacional, se ha pretendido hacer aparecer como perseguidos, cuando en realidad se trata un caso de transgresión legal, que en todo país democrático y civilizado se procede, y nadie debe sustraerse y menos cuando se trata de organizaciones que se dicen promotoras de la institucionalidad excusando valores democráticos para sus responsabilidades.

Hacemos un llamado a los representantes de países amigos participantes en la XVIII Cumbre Iberoamericana para apoyar el respeto a la institucionalidad de la República de Nicaragua,  a las organizaciones sociales, a las organizaciones juveniles aquí presenten, a que no se dejen sorprender de tales manipulaciones, de organizaciones que, sin ser partidos políticos hacen política partidaria y que con sus actitudes pretenden comprometer sin ninguna razón más que la de involucrarlas en una pugna política que buscan, sin éxito la desestabilización y el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido como es el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, presidido por el Presidente Compañero Comandante Daniel Ortega .

San Salvador, República de El Salvador, a los 29 días de Octubre del 2008.