Jorge Eduardo Arellano
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Dos humildes mujeres denunciaron ante el Ministerio Público a un grupo de abogados que valiéndose de supuestas falsificaciones de documentos y otras gestiones anómalas, pusieron como garantías en un juicio privado las casas de las dos señoras, que no se daban cuenta que sus bienes respondería por un proceso judicial ajeno a ellas.

Según denuncia radicada en la oficina del Ministerio Público del Distrito III de Policía, el 27 de febrero de 2008, la señora Josefa del Carmen Uriarte, de 74 años, denunció a cuatro abogados de una firma denominada Servicios de Investigación Privada y Asesoría Legal Sociedad Anónima (Sipalsa), por los delitos de falsificación de firmas y documentos públicos, asociación ilícita para delinquir y defraudación.

De acuerdo con la denuncia, estos abogados se organizaron para investigar la situación legal de la vivienda de la señora, que sita en el reparto América IV, Villa Venezuela, Managua, donde ella vive desde hace muchísimos años.


Mala de abogados
Según la denuncia, los abogados de la firma citada sacaron del Registro Público de la Propiedad una libertad de gravamen de la vivienda, verificaron la situación legal del inmueble, solicitaron una constancia catastral del inmueble y otras gestiones, con un Poder Generalísimo que ella, según el documento, otorga a uno de los abogados denunciados.

De acuerdo a los documentos de la denuncia, a los que EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, los abogados hicieron “comparecer” ante un notario a la señora Uriarte y “dan fe” que ella otorgó el poder a un hombre de leyes al que ella no conoce, con el fin de que su propiedad, único bien que posee, sirviera de fianza en un juicio del que ella, ama de casa de oficio, desconocía que existiera.

En su denuncia, la señora dice que una abogada, en representación de la firma Sipalsa, propuso como garantía la propiedad de la señora Uriarte, en un juicio civil entre la firma de abogados y la empresas Grant Thornton, donde se pelean los derechos de cobro de cartera, por sumas millonarias derivadas de la adquisición de derechos de recuperación de bancos quebrados comprados al Banco Central de Nicaragua.


Clavada con juicio ajeno
La señora afectada se dio cuenta de la situación cuando abogados del Poder Judicial se presentaron a su casa a verificar la existencia de la garantía, y fue cuando le comunicaron que ella había firmado un poder generalísimo a un abogado para poner en prenda la casa, para que respondiera por daños, perjuicios y costas legales del juicio entre las dos empresas, que se ventila en el Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua, expediente 1534-0404-2007CV.

Le presentaron una copia de su cédula, los documentos de libertad de gravamen y constancia catastral, y el famoso poder generalísimo “otorgado” por ella a una persona que no conoce, ante un notario que no conoce, y en un juicio que no conoce.

Investigaciones posteriores de la señora y su familia dan cuenta que antes de este hecho, los mismos abogados ya habían hecho otros trámites con la misma propiedad, por lo cual ella teme que su vivienda esté “prendada” en algún otro juicio.


Podría quedar sin nada
Su casa, en la actualidad, está en garantía del citado juicio. Con estos hechos ella sospecha que estos abogados se dedican a investigar el estado de las viviendas y bienes de personas en estado de indefensión jurídica, para luego “sanearlas” y ponerlas como garantías en procesos judiciales.

No es el único caso. Gloria Morazán Guillén, ingeniera química de Managua, denunció en el mismo mes de febrero del corriente año, que abogados de la misma firma Sipalsa, aliados con una pariente de la denunciante, se unieron para hacer lo mismo que le hicieron a la señora Uriarte.

De acuerdo a la denuncia, se falsificaron documentos, firmas, inventar poderes y falsearon protocolos para usar la vivienda ajena como garantía en un juicio ordinario de pago que se ventila en el Juzgado De Distrito Civil de Managua, expediente 1307-0403-2007CV.


Investigan bien lo ajeno
En este caso, según la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la actuación es idéntica a la anterior: la denunciante “comparece” ante un notario, para otorgar un poder general a su hermana, y ésta comparece ante el juzgado a firmar la fianza en conversión jurídica de un embargo preventivo solicitado por un abogado que trabaja para Sipalsa.

Antes de ello investigaron todas las características legales de la vivienda en el Registro de la Propiedad, sacaron libertad de gravamen y constancias catastrales, verificaron que no estuviera prendada y le hicieron avalúos.

Lo agravante del caso, denunció la señora Morazán, es que en el mismo acto donde ella “comparece” ante un notario para “otorgar” un poder especial a su hermana, el abogado hace comparecer a una menor de edad, sobrina de la afectada, que no posee cédula de identidad en ese momento.

No obstante, en el documento donde se “da fe” de que ambas comparecieron ante el notario, a la jovencita la “hacen firmar” y le identifican con cédula de identidad falsa, lo cual sirvió para que al final la casa ubicada en Villa Don Bosco, quedara embargada como prenda de garantía en un juicio que ellas desconocían hasta que fueron notificadas. Ambos casos están bajo investigación de la Fiscalía.