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  • AFP

Honduras y Nicaragua asumieron este martes la dirección anual de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, con la misión de impulsar el "azaroso y difícil" proceso de integración regional, pese a las limitaciones económicas que enfrentará este año el organismo, informaron fuentes oficiales.

El magistrado hondureño Guillermo Pérez, un abogado con estudios en Venezuela e Inglaterra, asumió la presidencia de la CCJ, mientras que el juez nicaragüense Carlos Guerra, se hizo cargo de la vicepresidencia, en un acto efectuado en la sede del organismo, en Managua.

Este año la CCJ tiene la "enorme labor" de trabajar por "este proceso de integración que es a veces azaroso y muy difícil de empujar", dijo Pérez, pero añadió que el organismo está decidido a hacer "frente a todos esos desafíos que tiene por delante".

La CCJ es parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que inició funciones en 1994 con sólo seis magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador (dos por país), debido a que Guatemala no ha asignado aún a sus representantes, mientras que Costa Rica y Panamá han rehusado ratificar su convenio constitutivo.

Pese a ello, la Corte está "creciendo en número de consultas, de demandas", dijo Pérez, quien consideró que el organismo enfrenta desafíos tanto en el orden económico como en su trabajo jurisdiccional.

Uno de estos retos es contribuir a resolver de manera eficaz los obstáculos al comercio y al libre tránsito de mercancías entre las naciones centroamericanas, dijo.

En coordinación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tendrá además la responsabilidad de dirimir las controversias que surjan en el marco del Acuerdo de Asociación Económica que entró en vigor el año pasado entre ambas regiones.

Informó que la Corte prevé también finalizar este año la redacción de convenios sobre la prevención y sanción del crimen organizado transnacional en Centroamérica y de protección comunitaria a niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y trata para que sean firmados por los presidentes en una cumbre regional.

Pérez advirtió que la Corte enfrentará un año difícil, debido a que la cooperación que recibían, a través del SICA, cesó por razones no precisadas y que ahora dependerán, principalmente, del aporte financiero -de alrededor de tres millones de dólares- que suministran anualmente Nicaragua, Honduras y El Salvador.