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Al terminar la tarde, la tercia entre los magistrados del PLC y del FSLN parecía no tener fin. Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez, admitía que habían negociado y llegado a un consenso con el vicepresidente de ese poder, Rafael Solís, sobre la sentencia que emitiría el tribunal alrededor del rechazo al veto del Ejecutivo sobre la legalidad de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, el magistrado Solís reveló que no fue posible llegar a un acuerdo con sus colegas, porque exigían que en la sentencia del Recurso de Amparo se derogara la sentencia de 2004 y se restableciera que el Recurso de Amparo no caben contra el proceso de formación de la Ley.

Además, indicó Solís, nosotros (sandinistas) nos percatamos que los liberales, malintencionadamente, habían incluido de forma expresa el hecho que cercenaban en la publicación de la Ley 630 la facultad del Presidente de crear consejos y secretarias por decreto.

Al final, agregó Solís, los liberales estuvieron de acuerdo en que eso se debe declarar inconstitucional, pero volvieron a tocar el tema del control previo, y pidieron tiempo para conversar entre ellos y reanudar la reunión por la tarde.

Martínez acusó a sus colegas de no haber redactado la sentencia; “no fue hecha por los muchachos que la firmaron, sino la impusieron, fue algo que otra persona dijo que no le parecía, que fuera otra y ordenó que le sacaran una sentencia a su gusto, lo que es pésimo”.

Acuerdo violentado

El supuesto acuerdo fue violentado en menos de 24 horas y los liberales mandan a publicar la Ley 630 que deroga la facultad del presidente de la República de crear, por medio de decretos ejecutivos, Consejos como estructuras del Poder Ejecutivo.
Según las fuentes, los directivos de la bancada del PLC habían logrado la firma del presidente de la Asamblea Nacional René Núñez, el que supuestamente accedió en aras del compromiso de que no se mandaría a publicar mientras no concluyeran las negociaciones que, obviamente, darían como resultado otra sentencia.

El magistrado Francisco Rosales detalló que los liberales recibieron una llamada de Arnoldo Alemán y salieron a reunirse con él, y atenidos a que ya habían mandado a publicar la ley 630 le restaron importancia a la reunión programada para las cuatro de la tarde, sostienen los magistrados del FSLN.
Ellos estaban citados para las cuatro y se les notificó por cédula, tienen el acta firmada, el doctor Damisis Sirias reconoció que estuvo en la CSJ hasta las 6:30. Ellos suspenden la reunión y me veo obligado a integrar sala con otros miembros, porque había un acuerdo firmado por todos, refirió el doctor Francisco Rosales, quien mostró el original del acta firmada el pasado 23 de noviembre por todos los magistrados de la Sala Constitucional en la que acuerdan que el cinco de diciembre efectuarán reunión extraordinaria para someter a discusión el Recurso de Amparo por los CPC.

Martínez y Selva son confesos de que fueron convocados a las cuatro de la tarde y si no estuvieron es su responsabilidad, indicó Rosales, tras recordar que en los días que estuvo en una reunión en Cartagena, los liberales hicieron amagos de reunirse para conocer el caso, en su ausencia.

Solís recordó que no es primera vez que se realiza reunión de Sala Constitucional con magistrados que no son de la Sala, pues así lo hicieron los liberales para confirmar el régimen de convivencia familiar para Alemán “Lo que es buena para el ganso es bueno para la gansa”, expresó.

La molestia del Frente

El Frente Sandinista, al enterarse de que un sector de los legisladores del PLC pasó por encima del acuerdo mandando a publicar la Ley, ordena a sus magistrados que apuren una sentencia que restablece la existencia de los Consejos y las negociaciones quedan en punto muerto.

En el marco de las discusiones del martes, el propio Martínez dice que los sandinistas le advirtieron que si el PLC seguía empujando la publicación de la Ley y no esperaban la finalización de las negociaciones, el ex presidente Arnoldo Alemán pagaría los platos rotos y podría ser encarcelado en cuestión de horas.

Alemán desesperado

El doctor Alemán se ve en la sin remedio y exclama ¡qué hago!, tras admitir que no tiene el control de toda su bancada y que en efecto, puede regresar a la cárcel. Alguien responsabilizó a los diputados que gritaban porque se mandara a publicar la Ley sin negociar nada, de conducir la situación a una crisis institucional.
Ayer mismo, Alemán presidió una reunión de urgencia en la que participaron magistrados de la CSJ, del Consejo Supremo Electoral, contralores y dirigentes del partido, para evaluar el ambiente provocado por la sentencia.

Magistrado reconoce crisis

El magistrado del Consejo Supremo Electoral, Luis Benavides, admitió que se ha abierto una crisis institucional. Por su parte, el doctor René Herrera, más prudente, dijo que la política había que manejarla porque “esto no es de machismo”. Incluso, pidió calma tras indicar que la situación era preocupante. “La política tiene que ser más seria que los gritos, las patadas y las locuritas” en lo que se interpreta como una velada crítica a sus correligionarios que se tiraron las trancas.

El magistrado liberal Damisis Sirias comentó al salir de la reunión que no se podía estar actuando al margen de la ley porque salirse del Estado de Derecho, “después viene la impunidad y el desorden, eso no queremos los nicaragüenses”.
Tanto Martínez como Sirias negaron que hubo una convocatoria después de las cuatro de la tarde para reunión de magistrados. “Desde que se violó el procedimiento todo o que se hizo es nulo”, manifestó el magistrado tras afirmar que estaban estudiando los pasos a seguir.

El presidente de la CSJ dijo que estaba obligado a denunciar lo que había pasado porque no quería que se involucrara a toda la Corte. “La sentencia está atentando contra la independencia de la Asamblea Nacional”, dijo no sin antes dejar claro que la publicación de la Ley 630 no tenía ningún efecto porque estaba pendiente una sentencia judicial.

Maximino: “Todo es ilegal”

El jefe de bancada del PLC en la Asamblea Nacional, Maximino Rodríguez, sostuvo que la resolución de los magistrados sandinistas fue una “aberración” y un “mamotreto” jurídico.

“El acuerdo al que llegamos ayer (miércoles) entre la Junta Directiva y todos los jefes de bancada es que si la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional no fallaban, el presidente mandaba a publicar el rechazo al veto”, explicó el diputado liberal.

“Como la Sala Constitucional no se constituyó, en consecuencia no hubo resolución, porque la que emitieron estos señores es ilegal. Entonces lo que vale es el acuerdo que hicimos ayer con toda la Junta Directiva, que se mandó a publicar el veto”, añadió.

(Con la colaboración de Mauricio Miranda y Luis Galeano)