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El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, afirmó ayer que aceptaría un incremento en el salario mínimo que oscile entre el 8 y el 9%, pero mantuvo su posición de que un aumento de más de un dígito, promovería la informalidad en el empleo y el desempleo en el país.

Hoy jueves se darán cita nuevamente los representantes del sector privado, de los trabajadores y del Gobierno, en la última reunión para lograr un acuerdo tripartito sobre el salario mínimo, como lo establece la ley.

Tras ocho reuniones realizadas en busca del acuerdo, si ninguno de los sectores cede en la reunión de hoy, le corresponderá asumir la responsabilidad al Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, Mitrab, de establecer de manera unilateral un salario que beneficie a todos los sectores.

Según José Adán Aguerri, presidente del Cosep, el sector privado sigue comprometido con el crecimiento del empleo formal.

Según el Banco Central de Nicaragua, BCN, Nicaragua terminó 2013 con un total de 673,465 trabajadores registrados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, lo cual representa un aumento del 8% respecto a 2012.

Por otra parte, se calcula que alrededor del 75% de la Población Económicamente Activa, PEA, de Nicaragua, establecida en 3.1 millones de personas, permanece en el empleo informal.

Confiados

El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, Roberto González, manifestó el lunes pasado que confía en que se alcanzará un acuerdo tripartito.

González espera que la paga mínima aumente entre el 8 y el 10%, una posición que el presidente del Cosep calificó ayer como “realista y con visión de país”.

Sin embargo, el sandinista Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, que es la organización que está en la mesa de negociación, sostiene que el salario mínimo debe aumentar en el rango de 10 al 14%.

No condenar a las Pymes

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, también dejó en la cancha del Gobierno la responsabilidad de revertir el salario mínimo para las pequeñas y medianas empresas, Pymes, que se fijó antes en 10%.

“Si el Gobierno está realmente pensando de forma seria en el futuro de este país, y en el crecimiento de este país, tiene que asumir el costo de devolver en esa decisión, que va a ser enormemente dañina para las Pymes”, enfatizó Aguerri.