Jorge Eduardo Arellano
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Por advertencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue que un juez suplente penal revocó la orden de libertad librada por otra juez el viernes a favor de siete personas acusadas por almacenamiento de drogas.

Una fuente de la Sala Penal confirmó ayer que los jueces fueron advertidos de tener cuidado con dejar en libertad a reos acusados por delitos de narcotráfico, alegando cualquier tecnicismo sin mayor fundamento.

Los magistrados, según la fuente, hicieron la advertencia, después de que altos mandos de la Policía Nacional se quejaron de que algunos jueces están tirando el trabajo policial, al dejar en libertad sin mayor argumento a reos acusados por narcotráfico.

Mientras tanto, los abogados defensores de las siete personas anunciaron ayer que recurrirán de queja ante la CSJ y harán uso de todos los recursos de ley para revertir la decisión del juez suplente Vicente Rodríguez, quien este fin de semana volvió a poner en prisión a los liberados.

Mario Borgen, abogado de Narda Natalia Downs y Ciril Martínez Mckenly, explicó que recurrirá de queja contra el juez suplente Cuarto Penal de Audiencias y contra cualquier autoridad que se haya visto involucrada en el caso, porque se desacató una orden judicial, hubo abuso de autoridad y otras anomalías en el caso.

“Hay una ilegalidad preparada y orquestada para el incumplimiento de le ley”, apuntó Borgen, quien señaló que pese a que la juez Gertrudis Arias ordenó que liberaran a todos los acusados, la Policía no cumplió, para darle tiempo al Ministerio Público de pedir una nueva orden de captura y presentar una nueva acusación “que contiene los mismos y más errores que la que fue rechazada el viernes”.

Los abogados señalaron que lo que correspondía a la Policía era cumplir la orden de libertad y a la Fiscalía volver a acusar en el mismo juzgado donde les rechazaron la acusación porque no cumplía los requisitos de ley, pero lo que hicieron fue “pedir la captura contra quienes nunca fueron puestos en libertad y eso es un abuso de poder”, apuntaron.

“Esa fue una zancadilla”, reiteró Borgen, quien explicó que la acusación debió haber reingresado ante el despacho de la juez que inicialmente la rechazó, pero lo que hizo la Fiscalía fue hacerla aparecer como una acusación nueva con los mismos hechos y con la misma calificación legal de almacenamiento de poco más de cuatro kilos de cocaína incautados en una casa de Bello Horizonte y en otra de la comarca Cedro Galán.

La audiencia inicial para el mexicano Martín Lugo Lucio y el hondureño Pedro Mendoza Romero, y los nicaragüenses Jorge Luis Mendieta Romero, Óscar Norlan Herrera Flores, la abogada Vilma Vega, Downs y Martínez Mckenly, quedó programada para el seis de noviembre.

La decisión que la juez Arias tomó el viernes rechazando una acusación que no individualizaba la participación que cada acusado tuvo en la comisión del delito, generó críticas de la Policía este fin de semana.

Según la fuente de la CSJ, las autoridades de la Policía Nacional están preocupadas, no sólo por la ligereza con que actúan los jueces, sino por las debilidades que presentan algunas acusaciones de la Fiscalía, por lo que pedirán una reunión con ambas instituciones.