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El socio de la firma Servicios de Investigación Privada y Asesoría Legal Sociedad Anónima (Sipalsa), Luis Antonio González Calero, aclaró que su empresa de servicios jurídicos no participa de prácticas deshonestas en el ejercicio de sus juicios, sino que “compran” fianzas de terceros para ponerlas de garantías en pleitos jurídicos de otras personas.

Sin embargo, una de las agraviadas lo desmiente públicamente, reafirmando su denuncia.

La aclaración de González Calero, hecha mediante misiva enviada a EL NUEVO DIARIO, se da luego que familiares de la señora Josefa del Carmen Uriarte, se presentaran a las oficinas de redacción a denunciar un caso donde supuestamente sus propiedades estaban siendo puestas sin permiso, como garantía en un juicio entre Sipalsa y Grant Thornton Company, que se ventila en juzgados civiles de Managua.

En dicha denuncia, interpuesta ante el Ministerio Público el pasado mes de febrero, según documentos que EL NUEVO DIARIO tuvo a la vista y que fueron confirmados en la sede de la Fiscalía de la Estación III de Policía, la señora Uriarte denuncia a varios supuestos abogados de Sipalsa, incluyendo a su socio González Calero, de varios delitos de falsificaciones de firmas y documentos, entre otros, para poner la propiedad de la señora en garantía del juicio, para que responda por daños, costas legales y perjuicios derivados del litigio.

Denuncia existe
No obstante que la denuncia existe, y que el caso fue evidenciado con documentos ante EL NUEVO DIARIO, Luis Antonio González Calero niega tales versiones, y achaca la denuncia a maniobras de la contraparte en el juicio.

González Calero, en carta dirigida al director Danilo Aguirre Solís, intenta vincular a EL NUEVO DIARIO como coludido en el caso para beneficiar a una de las partes del juicio, siendo que este medio no conoce a las partes actoras del juicio, y que se basa en documentos y quejas de personas reales que interponen sus denuncias ante el abuso de poder y las malas prácticas judiciales tan conocidas.

Aquí, parte de la aclaración de González Calero:
“Con asombro he leído en EL NUEVO DIARIO del lunes tres de Noviembre del año dos mil ocho un artículo publicado bajo el Título de USAN CASAS AJENAS COMO FIANZAS PARA JUICIOS GRUESOS, elaborado por el supuesto periodista José Adán Silva. Al leer el reportaje, las personas que tienen conocimiento del caso, los abogados litigantes y las mismas Autoridades Judiciales se podrán dar cuenta de que el mismo no constituye una información veraz, sino más bien un vil montaje del supuesto periodista con el abogado Flavio Chiong Aráuz y sus secuaces.

“Me atrevo a cuestionar el artículo periodístico por dos razones fundamentales: Está redactado de tal manera que nos hace ver como una pandilla de delincuentes que andamos despojando a gente pobre de sus propiedades. Cuando la verdad es que el señor Chiong Aráuz y sus secuaces se han dedicado a investigar a las personas que nos han proporcionado sus propiedades para ponerlas en garantía, a cambio de un pago establecido entre las partes, práctica totalmente habitual en los Juzgados capitalinos”.

“En el caso de la señora JOSEFA DEL CARMEN URIARTE, las referidas personas llegaron a su casa y le expusieron la situación de tal manera que lo único que entendió es que nosotros le estábamos robando la propiedad, y llegaron al descaro de quererla llevar a la Fiscalía o a la Policía a que declare en contra de nosotros. Si el periodista realmente hubiese leído el pequeño Expediente que existe en la Policía, hubiese visto que la famosa denuncia no fue interpuesta por la señora JOSEFA DEL CARMEN URIARTE, sino por los secuaces del señor Chiong Aráuz, basada en una Declaración Jurada que a base de malas informaciones lograron que firmara la supuesta afectada, y que el Expediente tiene más de seis meses en la Policía porque la supuesta víctima nunca ha llegado a declarar, por la sencilla razón de que la firma, que represento, se presentó donde ella para aclararle la situación y brindarle todas las seguridades jurídicas y reales que la ley nos permite, de que en ningún momento hemos tratado de despojarla de su propiedad, y que la misma no corre peligro alguno”.

Señora lo desmiente
A este punto, la señora Uriarte, acompañada de su hermano Pablo José Uriarte, negó totalmente que ella fuera obligada a denunciar el caso, y, por el contrario, aseveró que sí ha llegado con su familia a denunciar el caso a la Policía, y que ahí nunca le han dado respuesta.

Ella niega haber dado su firma y poder a alguien para poner como fianza su casa, y asevera que en realidad fueron unos abogados que ella no conoce, quienes le advirtieron del caso, y por eso ella pidió ayuda para no perder su casa, único bien que posee. Ella acusa a Luis Antonio González Calero y a otros abogados.

La otra la compraron
“El segundo caso a que se refiere el reportaje --dice González Calero-- es uno donde la oficina ni siquiera fue llamada como investigada, sino como testigo, y se trata de una persona que vende fianzas en los Juzgados, no tiene ninguna relación con la oficina, nos ofreció su fianza, sabemos que lo ha hecho en varios casos, nos propuso un precio y nosotros aceptamos”.

“De igual manera actuaron el abogado Flavio Chiong Aráuz y sus secuaces, investigaron, metieron en miedo a la hermana de la señora que nos vendió la fianza, quien es copropietaria de la vivienda, y casi la obligaron a interponer la denuncia, misma que no ha prosperado. Según tengo entendido, porque las hermanas se pusieron de acuerdo. Nada que ver Sipalsa con el problema de las hermanas”.