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El Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia se pronunció a favor de agilizar la acusación en contra de ex funcionarios del gobierno de Enrique Bolaños, vinculados a las adopciones ilegales de 22 niños que estaban en centros de protección infantil controlados por el Ministerio de la Familia.

María Isabel Muñoz, titular en funciones de MiFamilia, confirmó que trabajan junto al Ministerio Público en la preparación de la acusación contra los responsables de las adopciones de los niños. La mayoría de muchachitos fueron sacados del país en buena parte por extranjeros que fueron beneficiados.

“Trabajamos junto al Ministerio Público para que se lleven al banquillo de los acusados”, dijo Muñoz.

Recientemente, la fiscal adjunta Ana Julia Guido confirmó que tenía en su poder el caso de las adopciones ilegales y que estaba dándole la celeridad posible. Guido aseguró en su momento que aún no se había concluido la investigación, y llamó la atención del por qué el proceso investigativo se había tardado tanto.

Según la fiscal adjunta, en el caso de las adopciones ilegales había mucha responsabilidad sobre cómo y cuántas se dieron, y sobre cómo afectó la credibilidad del Estado de Nicaragua y las personas que fueron beneficiadas.

Sin información de niños
La titular de la Familia aseguró que como ministerio se cumplió con suministrar la información al Ministerio Público, y dijo que con la acción contra los responsables de las adopciones, se “está defendiendo el derecho que tienen los niños a tener familia, a desarrollarse en un hogar familiar y a evitar que la pobreza sea un elemento para poder ir a la adopción”.

Muñoz reconoció que no se tiene información sobre el estado en que se encuentran los niños que fueron dados en adopción de forma irregular y que fueron sacados del país.

La denuncia de las irregularidades en las adopciones de una veintena de niños, fue hecha por la primera ministra de la Familia que tuvo el actual gobierno, a pocos días de iniciar su Administración en 2007.

Un informe final del Ministerio de la Familia responsabilizaba al ex director de protección especial, Pedro Siero, pero la lista de implicados incluía al menos a ocho ex funcionarios gubernamentales.