Lizbeth García
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El mexicano, el hondureño y los cinco nicaragüenses que ayer fueron remitidos a juicio porque supuestamente almacenaban drogas en Bello Horizonte y la comarca de Cedro Galán, reclamaron a la Policía 52 mil 800 dólares y otros bienes que les ocuparon al momento de la captura, los que según el abogado Mario Borgen, “están desaparecidos o robados hasta este momento” .

Incluso una de las acusadas, la abogada Vilma Vega, denunció que como la Policía incautó toda la ropa de ella, de sus nietos y de sus hijos cuando allanaron su casa en Cedro Galán, hoy no tiene ni un segundo calzón para cambiarse en el Penal de Mujeres, sitio donde guarda prisión desde el sábado pasado.

Las autoridades dijeron que lo que se le ocupó a los sospechosos está debidamente declarado mediante el listado de objetos que el fiscal Giscard Moraga, presentó a la juez.

“Vamos a presentar un listado de bienes y de dinero que no aparecen y que no están reflejados en este mamotreto legal que se llama acusación”, ripostó Manuel Urbina Lara, abogado del hondureño Pedro Mendoza Romero y del mexicano Martín Lugo Lucio, quienes enfrentarán juicio el próximo 15 de diciembre por la supuesta coautoría de los delitos de almacenamiento de drogas y portación y uso ilegal de armas.

Junto a los extranjeros también enfrentarán juicio por almacenamiento de poco más de cuatro kilos de cocaína, los nicaragüenses Jorge Luis Mendieta Romero, Óscar Norlan Herrera Flores, Vilma Vega, Narda Natalia Downs y Ciril Martínez McKenly.

En la audiencia inicial del juicio, la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, decidió reconfirmarles la prisión a todos los procesados, pese a la batalla legal que dieron los abogados Bismarck Quezada, Borgen y Urbina.

Los abogados promovieron incidentes y excepciones para hacerle ver a la juez las irregularidades que cometieron la Fiscalía y la Policía a fin de mantener tras las rejas a los acusados, quienes el sábado primero de noviembre fueron detenidos supuestamente en la vía pública, pero en realidad estaban presos en la DAJ-Nacional.

Mario Borgen apuntó que la acusación debió haber sido presentada en la misma judicatura donde inicialmente se rechazó el viernes 31 de octubre, porque se trataba de los mismos hechos, acusados, circunstancias y calificación legal, pero lo que hizo el Ministerio Público fue presentar la causa como si fuese un asunto nuevo.

Martínez desechó todos los argumentos de los abogados aduciendo que a ningún acusado se le violentó derecho alguno, y que la juez Gertrudis Arias perdió la competencia para seguir conociendo el caso desde que lo rechazó, lo que automáticamente le dio la competencia al juez suplente Vicente Rodríguez, quien estuvo de turno el fin de semana pasado.

“Lo que se está haciendo es revistiendo un asalto de legalidad y se está utilizando a los señores judiciales para que este asalto quede en la impunidad”, reaccionó Manuel Urbina, mientras que Mario Borgen desconoció la resolución por considerarla nula y sin fundamento, en tanto que Bismarck Quezada dejó sentada en acta su protesta.