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El general Omar Halleslevens, jefe del Ejército de Nicaragua, declaró ayer por la mañana que respetan la decisión de la judicial de Bluefields de clausura anticipada en torno a la acusación contra el soldado Wilfredo Adrián Reyes, quien estuvo implicado en la masacre de El Encanto, y consideró que el Ministerio Público tiene el derecho a apelar.

Indicó que al margen de las suspicacias y críticas que ha levantado el caso, si bien el Ejército tiene sus propios mecanismos de sanción interna de sus miembros, el soldado fue acusado por un delito civil y procesado por la instancia civil estipulada. Los cargos no fueron militares, por lo tanto auditoría militar no actuará al respecto.

Ejército respetará decisión de jueza
“Desde el inicio procuramos ser lo más imparciales posible, y dejamos las implicaciones legales al Ministerio Público para que determinara, en primer lugar, la competencia de esta institución sobre el caso que fue declarado un proceso civil”, señaló el general, agregando que la entidad castrense entonces quedó al margen y prefirieron no expresar criterios al respecto. Además, aseguró que el Ejército no puso representante legal, sino que fue el Estado quien dispuso un defensor público.

“Así que respetamos la decisión de las autoridades competentes luego de seguir el proceso estipulado, desde la acusación de la Fiscalía, a la investigación policial, el juicio, y finalmente el dictamen de la jueza que resolvió el día miércoles”, expresó el jefe del Ejército, agregando que si el Ministerio Público desea apelar sobre la decisión de la jueza, esa institución está en su derecho de acuerdo con lo establecido por el marco legal.

Después de seis meses de la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la finca El Encanto, de la comunidad El Pavón, jurisdicción de La Cruz del Río Grande, el proceso judicial terminó cuando los agentes policiales Feliciano de Jesús Rodríguez Chavarría y José Miguel Romero Corea, y el soldado Reyes, quedaron libres de responsabilidad por la muerte de los campesinos Wilfredo Salazar, Santos Reyes y Marvin Reyes Leiva,
Valorarán posible nulidad
Por lo anterior, el fiscal general Julio Centeno Gómez informó que su institución analizará si existe algún viso de irregularidad en la conformación del jurado del caso de El Encanto, para valorar si se pide la nulidad del veredicto de no culpabilidad.

“Estamos viendo qué se puede hacer con el jurado, tal vez encontramos alguna fisura de nulidad en alguno de los actos que se dieron”, dijo Centeno, tras indicar que es una lástima que contra las decisiones del jurado no exista apelación.

Centeno indicó que también valoran la posibilidad de presentar queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la decisión de declarar la clausura anticipada del juicio, porque la juez actuó contra ley expresa, contra el derecho mismo, la objetividad y el principio universal del debido proceso.

Aclaró que la Fiscalía aún no ha sido notificada de la sentencia, pero, inmediatamente que lo hagan, presentarán el recurso de apelación, porque consideran que la juez actúo de forma errada.

El fiscal considera extraña la decisión judicial porque no se cumplieron los requisitos establecidos, como son: la falta de elementos probatorios, la ausencia de peritos y testigos, cuando por el contrario en este caso hubo abundancia de todo eso.

Impunidad en manos de operadores de justicia
Por su parte, el doctor Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que si bien da la razón al Ejército de que auditoría militar no tiene competencia, la impunidad en el caso queda bajo la responsabilidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

“Reitero que desde el comienzo hubo una serie de contaminaciones en el caso, y a esto se agrega la pérdida de un documento probatorio y después la alta presencia policial en la sala, lo que evidentemente fue un acto intimidatorio de la autoridad hacia el jurado, (cuyos miembros) que son parte de la comunidad local”, expresó Carrión.

El abogado indicó que el Estado tiene la obligación constitucional de preservar la vida de los ciudadanos, pero en este caso fueron estos agentes los que llevaron a tres personas a la muerte.