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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó hoy a Nicaragua que haga lo necesario para reducir los altos índices de violencia contra las mujeres y vele por que en el país se proteja efectivamente el derecho a la libertad de expresión.

Estas fueron dos de las peticiones realizadas por varios de los miembros del Consejo que hoy intervinieron durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua.

El EPU es una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones con respecto a los derechos humanos a la que están sometidos todos los miembros de las Naciones Unidas.

"Australia recomienda a Nicaragua que proteja el derecho a la libertad de expresión y de asamblea", "Uruguay recomienda continuar desarrollando esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de información y expresión, y desarrollar programas de sensibilización sobre la importancia de este derecho humano", rezaron alguna de las intervenciones.

"Nicaragua debería establecer protecciones constitucionales para la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, y no debería usar ningún medio administrativo, financiero o judicial para restringir ese derecho", dijo, a su vez, Estados Unidos.

Otro de los temas más destacados durante las intervenciones de los estados miembros del Consejo fue la preocupación por los altos índices de violencia contra la mujer y el no respeto por el derecho de las féminas.

"Nicaragua debe insistir en el carácter prioritario que constituye a nivel regional el combate a la violencia contra la mujer", pidió Chile.

Mientras, Brasil solicitó que se establezca un programa de atención a las víctimas de la violencia machista.

La ministra de Gobernación de Nicaragua, Ana Isabel Morales, que representó al Gobierno de Nicaragua, respondió que la lucha contra la violencia hacia la mujer "es política de Estado", y recordó que se reformó el Código Penal para que incluyese el delito de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.

Australia y Uruguay fueron más allá y pidieron acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres, dada la relación "entre violencia sexual y los derechos reproductivos", en palabras de Canberra.

Montevideo urgió directamente a Nicaragua a plantearse la posibilidad de establecer el aborto terapéutico cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando el embarazo sea fruto de una violación.

Morales no se refirió directamente al tema y se limitó a informar de que en los últimos cuatro años el país ha reducido la tasa de fecundidad del 2,7 al 2,4 por ciento, y los embarazos adolescentes de un 25,9 por ciento al 24,4 por ciento.

La ministra reconoció que su país es el segundo más pobre de América Latina, pero alabó los esfuerzos realizados por el Gobierno nicaragüense, al recordar que la pobreza se ha reducido del 48,3 al 42,5 por ciento de la población, y la pobreza extrema del 14,6 al 8,2 por ciento.

Finalmente, varios países pidieron a Nicaragua que ratifique el Estatuto de Roma, a través del cual un estado se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

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