Oliver Gómez y Ary Neil Pantoja
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Los ejecutivos de las petroleras ayer guardaron silencio frente a una posible nacionalización de la importación y refinación del combustible en Nicaragua, pero fueron invitados a una encerrona de urgencia con el presidente Daniel Ortega, junto a los agentes del sector energético.

El encuentro inició a las nueve de la mañana en la Secretaría General del FSLN, con asistencia de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y de Petróleos de Nicaragua (Petronic).

Se desconoce si, efectivamente, Esso Standard Oil asistió a dicho encuentro, pues nadie quiso brindar declaraciones al respecto. EL NUEVO DIARIO trató de consultar a todos los asistentes, pero ayer no estuvieron en sus oficinas, y, además, mantuvieron apagados sus teléfonos celulares.

“Era para determinar las deudas de toda la gente del sector energético. Es que hay ciertas empresas que creen que se les debe más, y los deudores dicen que es dinero menos. A la Esso se le invitó porque las generadoras le deben dinero por la compra del bunker”, dijo una fuente del sector energético.

Se trata de una fórmula que diseñaron los técnicos del MEM y del INE, por recomendación del Fondo Monetario Internacional, para calcular y aprobar alzas de tarifas automáticas a partir de enero de 2008, considerando la variación en los precios internacionales del petróleo.

Diputados de diferentes bancadas ante la Asamblea Nacional, consideran peligrosa la amenaza de Ortega de privatizar la importación de petróleo, pues piensan que va en detrimento de la empresa privada, y, sobre todo, de la inversión extrajera.

Reacciones de diputado

El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Carlos García, aseguró que detrás de la “propuesta” del mandatario nicaragüense se esconde la intención de beneficiar a empresas afines al Frente Sandinista, para importar petróleo única y exclusivamente de Venezuela.

García calificó de “peligrosa y confiscatoria” la propuesta, y señaló que podría convertirse en otro frente de conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que profundizará la ya existente crisis institucional a causa de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.

“Es un atentado contra la empresa privada, y éste es el inicio de una serie de nacionalizaciones que va a venir anunciando Daniel Ortega, siguiendo la misma metodología del presidente (de Venezuela Hugo), Chávez”, señaló García.

Agregó que si algunos inversionistas extranjeros tenían miedo de venir a Nicaragua, con estas declaraciones de Ortega, tendrán terror y perderán el interés en invertir en el país.

Por su parte, la jefa de la Bancada por la Unidad, Jamileth Bonilla, considera que las verdaderas intenciones de Ortega con esa propuesta es “desviar la atención” del problema que se suscitó con la resolución de los seis magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, avalando la conformación de los CPC, contrario a la Ley 630 que aprobaron 52 diputados del Parlamento para derogar esos organismos partidarios.

Ambos advirtieron que podrían promover una iniciativa para evitar la nacionalización de la gestión de importación de los combustibles.