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El organismo de observación electoral Ética y Transparencia catalogó las elecciones municipales efectuadas ayer como “las menos transparentes” y donde ha habido más amenazas para los observadores nacionales desde 1996.

De acuerdo con el informe de EyT que será ampliado hoy, al menos el 32 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos, JRV, a nivel nacional reportan incidencias, irregularidades y amenazas en contra de los observadores.

Alta Hooker, presidenta de EyT, expresó que las elecciones municipales se caracterizaron por un alto grado de irrespeto a la Ley Electoral y donde ha habido un alto índice de incidentes.

“Queremos declarar con mucha firmeza que en estos momentos han sido las elecciones menos transparentes y con mayor intimidación en los últimos años desde 1996”, expresó Hooker.

Informe hoy
El informe de EyT revela que ha habido un marcado impedimento de la participación de muchos fiscales en las Junta Receptora de Votos, JRV, siendo un “aspecto sensible y perjudicial para las elecciones”.

EyT desplegó a unos 30 mil observadores a nivel nacional, a pesar de no contar con las credenciales del Consejo Supremo Electoral, CSE.

“En esta ocasión, debido a las circunstancias de restricciones del desempeño del papel de Ética, este informe será presentado posteriormente tomando en cuenta que la nueva metodología utilizada, exige de un proceso más minucioso y detallado, que requiere de tiempo adicional de procesamiento y análisis de los datos”, agregó.

Muchos observadores de EyT que intentaron ingresar a los recintos con sus distintivos, fueron impedidos por los policías electorales, cumpliendo una disposición de los magistrados del CSE.

CPDH denuncia irregularidades
No sólo EyT detectó irregularidades en el proceso. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunciaron que un monitoreo realizado en 24 centros de votación y 300 JRV detectaron que los fiscales y militantes del FSLN asumieron las funciones del CSE, al ordenar lo que debían hacer a los técnicos del CSE y a los policías electorales.

“El proceso no fue transparente como habíamos deseado. Se hizo real la amenaza de una circular que hace unos días se filtró a los medios de comunicación respecto al cierre temprano de las JRV. Eso sucedió en al menos 11 de los 24 centros de votación en los que estuvimos presentes”, expresó Marcos Carmona, presidente de la CPDH.

Según Carmona, en reiteradas ocasiones hubo violación a la guía Paso a Paso, Ley Electoral y Ley de Identificación Ciudadana.

“En el 90 por ciento de los Centros de Votación nos expulsaron a partir del medio día cuando la ciudadanía aumentó su concurrencia en dichos centros y se empezaron a observar las acciones de impedir el derecho al voto ciudadano”, agregaron.