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Entre 30 y 33 mujeres embarazadas pierden la vida cada año, según el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, que ayer demandó de la Corte Suprema de Justicia una sentencia a los 38 recursos interpuestos en los últimos años contra la Ley 641 que penaliza la interrupción de los embarazos.

“Lo que nosotros pedimos es que se permita la interrupción del embarazo cuando se hable de violencia sexual, haya peligro para la vida y malformaciones congénitas (en el feto)”, explicó Maite Ochoa, quien aclaró que no están solicitando abortos masivos.

El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, explicó que la Ley de Amparo establece los términos para pronunciarse (a lo sumo seis meses), pero en este caso los recursos por inconstitucionalidad interpuestos tienen 6 y 7 años, lo que deriva en retardación de justicia, irrespeto al derecho a la vida y salud, y derechos humanos de las mujeres.

El secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, informó a los recurrentes que el escrito que

llevaron pasará a manos de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes no han dado fecha para pronunciarse.