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Aunque falta que la nueva ley de la Policía Nacional sea aprobada en lo particular, el artículo referido a la prohibición sobre las investigaciones privadas está generando controversia y preocupaciones, porque hay voces que opinan que atenta contra la libertad probatoria establecida en el Codigo Procesal Penal, CPP, y con el derecho al trabajo.

“A nosotros (los abogados) nos preocupa, porque recuerde usted que el Código Procesal Penal establece que hay libertad probatoria, y que toda prueba debe ser obtenida lícitamente, (pero) la nueva ley (de la Policía) no establece si la que sea conseguida por las partes es lícita”, apuntó el abogado Roberto Cruz.

La referida libertad probatoria está recogida en el artículo 15 del CPP, que indica que cualquier hecho de interés para el objeto del proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito.

Además, el artículo 16 indica que la prueba solo tendrá valor si ha sido obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso conforme lo establecido en la ley.

El artículo

“Una cosa es que no se permitan investigadores privados y otra es que las partes obtengan elementos probatorios tanto para acusar y defender; el CPP es bien claro en eso”, reiteró Cruz, quien es un experimentado abogado penalista.

El artículo 2 de la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, aprobada en lo general el pasado martes, prohíbe que los detectives privados o empresas que se dedican a esta labor realicen trabajos de investigación, al considerarse que esa es una facultad exclusiva de la Policía.

El litigante Ramón Álvarez consideró que dicho artículo atenta contra la libertad probatoria y contra el trabajo del abogado, porque generalmente este contrata a un tercero para hacer una investigación paralela a la de la Policía, a fin de corroborar si los datos que se han obtenido son reales, y, en último término, tener mejores evidencias.

“Muchas veces las pruebas obtenidas contradicen la investigación policial, y esto se presenta en el intercambio de información y prueba para llevarlo a juicio como prueba de descargo por medio del testigo que hizo la investigación, pero ahora, ¿qué va a pasar?”, se preguntó.

Hablan detectives

“Estamos fregados”, expresó preocupado un investigador, quien pidió no revelar su identidad, porque el gremio se reunirá para analizar qué acciones podrían tomar.

Por su parte, el gerente de una agencia de detectives privados conformada por 4 expolicías, dos de los cuales son abogados, comentó que los investigadores que conocen la Ley nunca van más allá de lo establecido, ni violan la privacidad de las personas al hacer una investigación, como alegan los legisladores.

Relató que ayer los llamó desesperada una señora que quería contratarlos para que buscaran a la mascota de su hijo autista, pero tuvieron que decirle que no.

Indicó que ellos tienen derecho a un trabajo, y que por eso fue que fundaron una agencia de investigación que está legalmente inscrita, paga impuestos y cuenta con personal capacitado por la misma Policía, pero ahora no les quedará más que buscar otro empleo.

La Policía ha dicho que la nueva Ley es moderna y responde a las necesidades de la institución, a la cual se le había venido atribuyendo funciones cada vez que se aprobaban nuevas normas.

 

126 ARTÍCULOS tiene la nueva ley que regirá el trabajo policial.

 

Abogados e investigadores no descartan la posibilidad de recurrir contra la nueva ley, al considerar que no puede estar por encima del CPP ni sobre el derecho al trabajo.

 

"Lo correcto acá sería pedirles a los legisladores que den su criterio en cuanto a cuál debe ser la interpretación al término ‘licitud de la prueba’ ya contenido en el CPP".

ROBERTO CRUZ, abogado penalista