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La oposición política entera contra el gobierno de Daniel Ortega, representada por 52 diputados de cuatro bancadas y los partidos que la constituyen, se declararon en “Bloque contra la Dictadura”, calificaron de espuria la resolución sobre los CPC, y a la propia sala de la CSJ que la produjo, y anunciaron una serie de acciones nacionales e internacionales que colocan al país en una gravísima crisis.

La situación se hace más crítica y puede degenerar en un conflicto de insospechadas consecuencias, si se tiene en cuenta que la decisión mayoritaria de la Asamblea Nacional anuncia que cercenarán todas las partidas del Presupuesto que huelan a programas de prebendarismo y clientelismo político del orteguismo.

Entre esas partidas y programas están el Hambre Cero, Usura Cero y todos los ceros insignias del gobierno, que confrontado ante semejante situación, puede llevarlo a buscar soluciones de hecho, como el hacer libre uso de la hacienda pública.

¿Y el Ejército?

En medio hay que ubicar la acción internacional, que ya el “Bloque contra la Dictadura” está promoviendo ante las representaciones diplomáticas en el país, y la Organización de Estados Americanos.

Para colocar las cosas al borde de una conflagración civil, la oposición también anuncia auscultar al Ejército sobre su posición ante lo que llaman escalada de atropellos a la Constitución y a las leyes de un gobierno con vocación totalitaria.

El denominado “Bloque contra la Dictadura” emitió ayer una declaración respaldada por 52 diputados ante la Asamblea Nacional, en la que rechazan las pretensiones del presidente Daniel Ortega y de seis magistrados sandinistas en la Corte Suprema de Justicia --a quienes llaman espurios--, de mantener vigentes los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, violando la Ley 630 que los deroga.

La declaración señala que Ortega ha propiciado una profunda crisis institucional desconociendo y anulando las facultades del Poder Legislativo a través de su control sobre el Poder Judicial.

La declaración

A continuación, el texto íntegro de la declaración.

Ante la crisis generada por el actual gobierno encabezado por Daniel Ortega Saavedra, que cercena la facultad constitucional que tienen la Asamblea Nacional para legislar y que posteriormente atentó contra la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y contra la Constitución Política de Nicaragua, pues mediante actitudes ilegales y subterfugios, fabricó a la media noche un fallo que atenta contra la autonomía del Poder Legislativo.

La Asamblea Nacional, los diputados de las diferentes bancadas que la integran, nos hemos constituido en un “Bloque contra la Dictadura”, para defender la institucionalidad nicaragüense. La crisis institucional se profundiza por las amenazas vertidas a diputados a través de voceros del FSLN contra las fuerzas democráticas, sectores sociales y gremiales, empresarios, sociedad civil, llegando al grado de amenazar con la militarización del país, confiscaciones a la empresa privada, y encarcelamiento de los principales dirigentes opositores del gobierno de Daniel Ortega. Lo anterior nos obliga a reflexionar y tomar decisiones al respecto.

Con base en ello, declaramos y decidimos:

1. Condenar por atentatorias contra la Constitución de la República y el proceso democrático nicaragüense, las acciones orquestadas desde el Poder Ejecutivo contra la Asamblea Nacional y contra el Poder Judicial.

2. Condenamos la vocación totalitaria del actual Presidente de la República, Daniel Ortega, que en un afán de consolidar la mal llamada “Democracia Popular”, está destruyendo las instituciones democráticas nicaragüenses.

3. Llamamos a la movilización al pueblo de Nicaragua para defender la institucionalidad y los logros obtenidos en estos años de democracia.

4. Alertamos a la comunidad internacional ante este rompimiento institucional que está provocando la demanda de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

5. Nos reservamos el derecho de recurrir como establecen nuestra Constitución Política y las leyes, en este país, contra la sentencia inmoral e ilegal de la Sala Constitucional espuria para que sea la Corte Plena la que se pronuncie sobre el atentado a la constitucionalidad, a acusar a los magistrados y otros funcionarios que estén cometiendo prevaricato y delitos contra la Constitución Política, la seguridad y la gobernabilidad de nuestro país.

El “Bloque contra la Dictadura” que integramos, se declara en sesión permanente hasta que se logre restablecer la institucionalización de los poderes manoseados y el respeto a la independencia de los mismos. Por ello, iniciaremos acciones políticas e internacionales y de movilización a todos los niveles para frenar la amenaza de dictadura que se manifiesta con las actitudes dictatoriales del actual presidente Daniel Ortega.

Declaramos en relación con el Presupuesto General de la República que estaremos aprobando un presupuesto dirigido a las instituciones legalmente constituidas, y que los recursos se dirigirán directamente al combate a la pobreza, a mejorar la educación, al sector salud, y no a programas politiqueros que son manejados como proyectos prebendarios y personales del partido orteguista.

Hacemos un llamado, no sólo a la población a movilizarse, sino también a todos los sectores, como medios de comunicación, sector privado, gremios y otras organizaciones de la sociedad civil, a acompañar y a sumarse a este “Bloque contra la Dictadura”, no solamente para la movilización como tal, sino también para agrupar todas aquellas ideas que tengan que ver desde el punto de vista jurídico, político y de la movilización para que podamos fortalecer este bloque que está demandando la población de Nicaragua.

Asimismo, alertamos a los empresarios, a los productores, sectores sociales y gremiales, a los miembros de la sociedad civil, a los miembros de los partidos políticos, de que existe la amenaza del chantaje del FSLN para obligarlos a que desistan de la voluntad de continuar impulsando un desarrollo social con equidad, democrático, económico y en búsqueda de las soluciones a los problemas de los nicaragüenses.

Dado en la ciudad de Managua, a los siete días del mes de diciembre del año 2007.