Leyla Jarquín
  • Managua, Nicaragua |
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La dinámica de la explotación sexual comercial infantil existente en Granada, Somotillo y Waspam está marcada por las características sociales, geográficas y culturales de cada uno de estos municipios, pero en los tres casos es evidente la permisividad, el encubrimiento y la impunidad frente a este delito, refleja una investigación cualitativa del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP.

En Waspam, donde no hay representación del Ministerio Público desde el año 2004, la situación se ve agravada por la prevalencia de una cultura patriarcal y por la penetración del narcotráfico, factores que convierten el cuerpo de las niñas en un asunto de oferta y demanda, señaló la investigadora Cecilia Fanjul.

Fanjul explicó que algunas familias ofrecen la virginidad de sus hijas por US$2,000 y US$2,500.

“Todas esas prácticas ancestrales y culturales violan los derechos de las niñas y convierten a este tipo de delito en algo realmente atroz”, dijo Fanjul.

La especialista indicó que las víctimas son, en la mayoría de los casos, menores edad de las que nunca más se vuelve a saber en sus comunidades, algo que dijo podría deberse a que los agresores provienen de Honduras y se las llevan a ese país.

Turismo sexual

En el caso de Granada, la investigadora María Marvis Jirón apuntó que esta ciudad no solo destaca por ser turística, sino por la facilidad con que se ofrecen servicios sexuales de niñas y adolescentes en el parque central, La Calzada y el Malecón.

Refirió que este problema es de dominio público, pero que aún así en los últimos dos años solo se han registrado cinco casos en los juzgados y no hay acciones de prevención y denuncia de parte de organizaciones presentes en el municipio.

Además, dijo que durante la investigación identificaron una nueva dinámica en este delito, que es la oferta y demanda de servicios de niños y adolescentes de la diversidad sexual.

En Somotillo, agregó, existen importantes iniciativas para prevenir y denunciar el delito; sin embargo, dijo que las autoridades policiales y judiciales abordan más el problema de trata de personas y lo hacen sin la visión de que esta sea con fines de explotación sexual comercial infantil.