Rafael Lara
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De crisis nacional fue calificada por organismos de derechos humanos, la politización descarada del Poder Judicial, evidenciada en la sentencia que estableció la legalidad de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) y la ocupación de la primera dama del cargo de presidenta del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).

“Ésta es una crisis interinstitucional asociada al control que todo el tiempo han ejercido los partidos políticos sobre los poderes del Estado. Algo que ahora se agrava”, expresó Gonzalo Carrión, Director de Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Señaló que el Estado de Derecho sólo es un epíteto formal que se dicta en nuestra república, pues está claro que la población debe moverse de acuerdo con la agenda de los políticos y no sobre las verdaderas crisis, como son la falta de empleo, la pobreza y la falta de desarrollo económico.

Población es rehén de políticos

Carrión comentó que tienen de rehenes a la población, y que el golpe sentido por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial surge porque su pequeña cuota de poder se multiplica aprovechando la división y luchas internas de su oposición.

“El problema no se exactamente jurídico, sino político con vicios legales. La gran pregunta es quién va a detener esta crisis nacional para lograr una aproximación de legalidad. Es algo que no podemos dejar en manos de los políticos porque ellos al final negocian y el pueblo seguirá igual”.

El jurista consideró que una de las salidas es el levantamiento popular, pero existe mucha apatía ciudadana. Sin embargo, dijo que no se deben perder las esperanzas, y que en algún momento se romperá ese círculo vicioso.

Sin respeto a la institucionalidad

Por su parte Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, expresó que desde hace tiempo la CPDH ha venido criticando a la Corte Suprema de Justicia por su actuar en los fallos que emite, pero en esta semana realmente quedó demostrado que este Poder del Estado no respeta la constitución, ni la voluntad de los nicaragüenses.

Señaló que lo sucedido con los últimos fallos emitidos por los magistrados de filiación sandinista pone al país en una situación difícil, creando una crisis nacional innecesaria.

“No queda ninguna duda de que en Nicaragua ya no existe un verdadero Estado de Derecho, sino que se pretende instaurar un aparato autoritario (por parte del Ejecutivo) dispuesto a destruir a los otros poderes del Estado”.

Señaló que el mensaje para el exterior es que Nicaragua no cuenta con la suficiente credibilidad en sus instituciones y eso significa un peligro para el inversionista.

Comentó que está reflejándose un caos jurídico el cual no es confiable para el inversionista que necesita seguridad para sus empresas. Al no haber inversión no hay empresas, y sin empresas no hay empleo, y con el desempleo se perpetúa la pobreza.

Urge acción nacional

“Es urgente que todos los sectores sociales, involucrándose la sociedad civil, los empresarios y los mismos partidos políticos revisemos esta peligrosa situación, para sentar las bases encaminadas a crear un sistema que fortalezca las garantías constitucionales de todos los ciudadanos”.

Señaló que una de las formas de lucha es protestar cívicamente para que no se instale un gobierno totalitario con las manos libres para manipular a su conveniencia las estructuras legales.