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Mientras grupos feministas y promotores de los derechos humanos se plantaban frente a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por lo que consideran una reforma de hecho a la Ley 779 al establecerse únicamente como femicidio el crimen perpetrado por un hombre contra su pareja; en los pasillos judiciales los abogados debaten sobre la controversia iniciada por el reporte oficial de femicidios presentado por la Policía.

El abogado Mario Rey Delgado considera que el criterio policial de que no todo crimen contra una mujer es femicidio, es correcto.

“Por ejemplo, si hay un robo en un autobús y matan a una mujer, eso no es femicidio sino homicidio”, explicó el jurista capitalino, aunque reconoció que el artículo 9 de la Ley 779 habla del ámbito público y privado.

Delgado señaló que la única manera de terminar con la controversia es reformando la Ley 779 o mediante una interpretación auténtica de esa ley, dos cosas que solo la Asamblea Nacional tiene la facultad para hacer.

Por su parte el litigante Álvaro Chica Larios, señala que el artículo 9 de la referida ley es bien genérico y por lo tanto el Poder Judicial debe aplicarlo tal y como está plasmado; es decir que todo crimen cometido contra una mujer debe ser calificado como femicidio.

Interpretar no cabe

Chica Larios señaló que no es mediante circulares o interpretaciones técnicas de la CSJ que puede cambiarse una ley, sino a través de una reforma o la interpretación, que solo puede hacerlas el Poder Legislativo.

La abogada Amy García Curtis dijo que los dos primeros incisos del artículo 9 de la Ley 779 limitan el femicidio al crimen cometido contra la mujer en el ámbito familiar o privado, pero luego los otros seis lo llevan al campo público, generado contradicción en el mismo articulado.

García Curtis también es del criterio que si una mujer es ultimada en medio de una trifulca o un robo, el crimen debe ser tipificado como homicidio, y no como femicidio.

Mientras que el abogado Noel Alonzo Cano dijo que lo correcto sería que los encargados de aplicar la Ley 779 revisen el diario de debate del parlamento, para quedar claros de cuál fue la intención al aprobar el controversial artículo.

Muertes son realidad

Parando el tráfico frente a la Corte Suprema de Justicia, más mujeres se pronunciaron contra la interpretación, cambio o reforma que podría tener la Ley 779, la cual sería la segunda en menos de dos años.

“Como lo dijo monseñor (Leopoldo) Brenes ayer (el martes), no se trata de que se llame femicidio o como se llame, la verdad es que aquí están matando a las mujeres”, apuntó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, quien dijo que el Gobierno debe impulsar políticas de prevención de la violencia.

Por su parte Elia Palacios, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, RMCV, manifestó que “pretender interpretar la ley de acuerdo a tus intereses o de la manera que vos creés, es un delito”.

La activista Marta María Blandón hizo ver la contradicción en la que está incurriendo la Corte Suprema de Justicia al promocionar la Ley 779 y luego hablar de una interpretación “para minimizar el número y la cantidad de mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres”.

Finalmente, anunció que las mujeres harán uso de la protesta y de los medios de ley para sentar su posición.

 

Aborto terapéutico, otro reclamo de las mujeres

Las organizaciones de mujeres que conforman el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, pidieron ayer a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre los recursos que diversos sectores presentaron, hace siete años, por inconstitucionalidad, contra el artículo del Código Penal que castiga el aborto terapéutico.

El secretario de la Corte Suprema de Justicia recibió el escrito del grupo, que específicamente pide: que se despenalice la intervención médica que permite salvar la vida de mujeres embarazadas en determinadas circunstancias y se permita la interrupción cuando se trate de casos de violaciones.

Marta María Blandón dijo que según los datos que tienen, los cuales no son exactos porque no tienen acceso a información oficial, cada año mueren de 17 a 20 mujeres porque no tuvieron acceso a un aborto terapéutico.