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La entrada a la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocida como “El Chipote”, este martes fue nuevamente escenario de otra jornada de dolor y de llanto protagonizada por familias campesinas de la comunidad El Carrizo, Matagalpa, que llegaron a preguntar por sus parientes que desaparecieron luego de los allanamientos en sus casas.

“Vengo a preguntar si aquí está preso mi hijo, Zacarías Cano Angulo”, expresó la campesina Tomasa Angulo a oficiales en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial.

Tras consultar vía telefónica, el policía respondió: “Aquí no está detenido”, seguidamente la señora preguntó por su cuñado, Rosendo Hernández Huerta, y la respuesta fue la misma.

Angulo aseguró que sus parientes fueron sacados de su rancho a las 11 de la noche del lunes último por hombres vestidos de policía.

Incertidumbre

En una situación similar se encontraban la tarde de ayer en Matagalpa los familiares de Eddy Gutiérrez Delgadillo a las afueras de los juzgados, donde se presumía sería presentado.

Gutiérrez fue sacado de su casa en Ciudad Darío, semidesnudo, la madrugada del pasado sábado por agentes policiales, denunciaron sus familiares.

Hasta la tarde del martes se desconocía si el Ministerio Público presentaría a Gutiérrez como el quinto acusado por la masacre del 19 de julio --que dejó cinco muertos y 19 heridos--, según expresaron sus familiares y el abogado defensor, Marlon Aburto.

A los primeros cuatro primeros acusados la Fiscalía les imputó la presunta autoría de conspiración y proposición de delito, crimen organizado, asesinato y lesiones gravísimas.

Solo se disculpan

En la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la profesora Maritza Ruiz Treminio denunció allanamientos en su casa la madrugada del pasado sábado sin orden judicial.

“Luego que tumbaron la puerta de mi casa y llenaron de pánico a toda mi familia, se fueron diciendo: ‘Discúlpenos, señora’, y se fueron como si nada”, manifestó la docente.

Ruiz relató que quienes entraron a requisar su casa exigían que les dieran información sobre el paradero de Wilfredo Balmaceda Castrillo, cuya familia también lo reporta como desaparecido desde el pasado fin de semana.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, pido a la jefatura nacional de la Policía cuidar de que los allanamientos y detenciones se hagan con orden judicial.

El Nuevo Diario, al igual que en días anteriores, buscó la versión de las autoridades policiales en torno a estas denuncias, pero nuevamente la vocería policial no respondió.

La audiencia inicial para los cuatro acusados como sospechosos de participar en el ataque a la caravana sandinista está programada para el lunes 4 de agosto.