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El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, reiteró ayer su preocupación por el trato desigual que la Dirección General de Ingresos, DGI, y la Dirección General de Aduanas, DGA, están dando a las empresas en relación con las solvencias que emiten estas instituciones.

Uno de los problemas que están afectando al empresariado nacional, según el Cosep, es que no se están ejecutando las sentencias que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, TATA, están emitiendo a favor de las empresas que ya agotaron los recursos administrativos al estar en desacuerdo con las resoluciones de la DGI y de la DGA.

“Tenemos contenedores que están detenidos en la frontera y no sale la solvencia, y eso tiene un costo. Hay empresas en que la mercadería tiene un tiempo prudencial en la aduana, si vos no llegás en tal fecha, la mercadería se declara en abandono; la empresa, para no perder la mercadería, tiene que pagar lo que están pidiendo”, denunció el presidente de la organización empresarial, José Adán Aguerri.

Existen casos en que la CSJ ordena que se devuelva a las empresas los recursos económicos que estas entregaron en concepto de garantía, o les quiten los cargos que les imputaron, pero“no lo hacen”.

“Hay resoluciones que ordenan a la DGA a que se le devuelvan las garantías monetarias que esas empresas tuvieron que dar para poder sacar su mercadería; no devuelven los recursos monetarios, hay un costo financiero para la empresa”, afirmó Aguerri.

A otras empresas les tienen bloqueadas la solvencia. “Para que la solvencia salga, la empresa se ve obligada a tener que pagar sobre cantidades con las que no están de acuerdo, y solo te queda pagar o tener retenida la mercadería”, dijo el presidente del Cosep.

La DGI se encarga de emitir un documento sobre la situación jurídica de los particulares que han satisfecho los créditos fiscales a que están obligados, y, por otro lado, la DGA debe extender las solvencias en el caso de las importaciones aduaneras.

BLOQUEO A ZONA FRANCA

También hay empresas de zona franca que no están gozando de las exoneraciones, debido a que el sistema de la DGI les bloquea las compras que hacen a terceras empresas, por estar estas en mora con esa institución estatal.

“Eso no es legal, nosotros hemos dicho que tiene que ver con otro tipo de acciones de la DGI hacia las empresas que, en todo caso, están morosas con la DGI”, comentó Aguerri.

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Textiles, Anitec, afirmó que es ilegal que la DGI haga eso, porque en ninguna parte la Ley tributaria establece que no se le pueden extender exoneraciones a una empresa cuando uno de sus proveedores esta insolvente con la DGI.

“Eso es lo que está haciendo la DGI, hacer al cliente de un proveedor responsable porque el otro no paga. Es ilógico, porque cuando entro al sistema de la DGI y escaneo una factura proforma, y cuando le doy enviar, el sistema me dice que no aplica porque mi proveedor está insolvente”, denunció García.

Indicó que ningún artículo de la Ley Tributaria señala que no se puede dar exoneración a una empresa cuando su proveedor está insolvente. “Vemos que la DGI está utilizando a las empresas de zonas francas como cobradoras de ellos, no le pueden estar haciendo eso a los inversionistas”, enfatizó.

MÁS COSTOS PARA EMPRESAS

El director de Anitec explicó que este problema ha incrementado los costos de operación de las empresas de zona franca.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que la DGI y la DGA están afectando el funcionamiento de algunas empresas de comercio, exportación, de zona franca y hasta los almacenes aduanerosdel país.

“Se le está produciendo un impacto negativo a la economía porque se detienen los procesos, se detiene la mercadería, las ventas y la recaudación, y produce lo contrario de lo que se quiere producir”, enfatizó el líder empresarial.

Preocupación

“Existe preocupación por el incumplimiento de estas resoluciones, y por eso estamos haciendo una serie de recopilaciones de estos casos, para presentárselos al más alto nivel del Gobierno”, informó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

Inventario

En busca de una solución integral al problema, el Cosep levantará un inventario de los casos de empresas “sin respuesta” en la DGI y en la DGA.

Informe

Aguerri anunció que la próxima semana entregarán el documento al Gobierno, en la búsqueda de una respuesta integral.

Reincidente

Recordó que este tema ha sido objeto de discusión en las reuniones con la Comisión de Seguimiento, en las que participa el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce.

Las empresas del sector privado vienen arrastrando estos problemas con la DGI y la DGA desde hace tres años, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri. Empresas de zona franca son afectadas al por no poder comprar a proveedores que, según la DGI, están morosos con el fisco, sin que exista justificación legal para que eso suceda.