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Aunque el Gobierno de Nicaragua mantuvo sus esfuerzos en la protección de las víctimas de trata, la falta de recursos limitó la habilidad de unidades especializadas para investigar este delito fuera de las ciudades principales, indica un informe de la embajada de Estados Unidos en Managua.

El documento destaca también que un factor limitante para el enjuiciamiento de casos en la Región Autónoma del Caribe Norte fue la falta de un fiscal en el municipio de Waspam.

El texto detalla además que el Gobierno de Nicaragua designó unidades especiales contra la trata en los 15 departamentos del país y en las dos regiones autónomas, y en cada uno de los 10 distritos de Managua, las cuales fueron responsables de colaborar en las investigaciones sobre este delito.

“Durante el período evaluado, el Gobierno incrementó significativamente sus esfuerzos de aplicación de medidas legales contra la trata de personas, específicamente a través de un incremento en el número de enjuiciamientos y condenas, incluyendo casos de trata con fines de explotación laboral”, indica el informe.

En el caso de Managua, precisa el documento, las autoridades mantuvieron unidades especializadas contra la trata dentro de las fuerzas de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional, así como dentro de la Comisaría de la Mujer.

Coalición fortalecida

Indica también que el Gobierno cumplió a cabalidad los estándares mínimos requeridos para la erradicación de la trata de personas y que continúa haciendo grandes esfuerzos en la investigación, enjuiciamiento y condena de los tratantes a través del fortalecimiento de mesas de trabajo departamental y regional de coalición contra el delito.

Aunque señala que la atención que el Gobierno brindó a las víctimas de trata continúa siendo limitada, y que no hay una información clara de la cantidad de víctimas que fueron referidas para recibir alguna atención especializada durante el año.

Menciona, sin embargo, que el Ministerio Público y la Policía Nacional mejoraron su coordinación en la recolección de estadísticas mediante el uso de un listado compartido, lo cual resultó en cifras más uniformes sobre los esfuerzos de aplicación de la ley.

El texto señala además que las distintas organizaciones relacionadas con la prevención del delito brindaron la mayoría de los servicios especializados, y que las autoridades mantuvieron esfuerzos de concienciación con esas organizaciones.

Managua, Granada, Estelí y San Juan del Sur continúan siendo los destinos donde se presenta más el delito de trata de personas, sin obviar las dos regiones autónomas del Caribe.

Las recomendaciones

En el informe se insta a que el Gobierno asegure que las víctimas identificadas dentro del país y repatriadas a Nicaragua reciban atención apropiada.

También se pide al Gobierno que otorgue suficientes recursos a las unidades de la Policía Nacional especializadas contra la trata.

Igualmente se demanda que fortalezcan los esfuerzos de protección a las víctimas en las regiones autónomas del Caribe, incluyendo incremento del personal asignado al tema y “continuar los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de todas las formas de trata humana y las condenas contra los infractores de trata”.

Se aconseja además formar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las víctimas reciban asistencia a largo plazo, así como servicios de reinserción.

Seguí al autor en Twitter: @carranzamena84