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Nicaragua cierra el año 2007 bajo el fuego cruzado de una guerra institucional, declarada por el partido Frente Sandinista en el gobierno con su pretensión de imponer los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como una estructura más del Poder Ejecutivo, y que está teniendo graves repercusiones en los poderes Judicial y Legislativo, afirmó el analista político Alejandro Serrano Caldera.

“En este momento hay una guerra institucional donde nadie puede salir beneficiado. Hay un daño sensible a la institucionalidad y que tiene que ser motivo de preocupación de todos los nicaragüenses”, alertó Serrano ayer al ser consultado por EL NUEVO DIARIO.

“Creo que el gobierno está provocando esta crisis. Creo que la responsabilidad de esta crisis institucional es de la propia presidencia de la República, porque en ese afán de establecer a los CPC dentro del Estado, se ha generado esta crisis de poderes, y la crisis dentro de un mismo poder, como es el Judicial”, expresó.

La Asamblea Nacional derogó por mayoría de votos, la facultad del presidente Daniel Ortega de crear consejos como parte del Poder Ejecutivo a través de decretos.

Sin embargo, magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una sentencia a favor de un recurso de amparo interpuesto en contra de la derogación de los CPC; pero que además le otorga la facultad a dichos consejos, de intervenir en la gestión estatal y económica.

“Si la pregunta es que si está dañada la institucionalidad, yo creo que sí, porque de alguna forma se ha afectado al Poder Legislativo por admitir un recurso que desde mi punto de vista es inadmisible”, señaló Serrano.

“Pero además, al dejar una Espada de Damocles sobre el Legislativo, de que en cualquier momento cualquier recurso de amparo puede parar el proceso de formación de la ley, sin que en Nicaragua exista un control previo”, explicó el reconocido jurista y filósofo.

“Entonces esto crea una total incertidumbre donde no hay un punto de referencia que pueda decir realmente cuál es la situación jurídicamente aceptable”, enfatizó.

La crisis también alcanzó a la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados liberales denunciaron públicamente que sus colegas sandinistas violentaron los procedimientos establecidos para elaborar y emitir una sentencia.

“Por el otro lado, en el propio Poder Judicial hay un enfrentamiento, dado que el presidente de la Corte (magistrado Manuel Martínez) y un sector de los magistrados denuncian ante la opinión pública una convocatoria ilegal de la Sala Constitucional”, destacó.

“Si esto es cierto, si fue conformada indebidamente, las resoluciones que toman no pueden tener un efecto legal”, aseveró.

La Iglesia Católica asentó nuevamente su posición sobre la crisis generada por los CPC, y mostró su preocupación por la resistencia de la administración del presidente Ortega a obedecer las decisiones de la Asamblea Nacional.

“Los señores obispos han manifestado su seria preocupación por la inquietud que ha generado en el pueblo nicaragüense la instalación de los ya conocidos CPC, que están siendo en este momento la manzana de la discordia”, dijo el padre Rolando Álvarez, portavoz de la Conferencia Episcopal.

“Realmente es preocupante y llama la atención que el gobierno insista en una idea que en varias ocasiones la Asamblea Nacional ha rechazado. Pareciera que se quiere mantener este tipo de organizaciones a toda costa, y esto es peligroso, porque efectivamente pone en riesgo la institucionalidad del país, particularmente cuando se asumen actitudes que parecieran no abiertas al consenso”, expresó el sacerdote.

Esta falta de consenso en las facultades otorgadas a los CPC, según el cura, “podría generar una crisis institucional que abriría puertas a situaciones que creo que los nicaragüenses no queremos, y ninguno estamos deseando volver a vivir”.

En los señalamientos dentro de la polémica se ha involucrado inclusive hasta al Ejército de Nicaragua, cuando diputados de la oposición denunciaron que el partido Frente Sandinista militarizaría el Parlamento, como una medida represiva de imponer de los CPC.

Sin embargo, el general de brigada Adolfo Zepeda, jefe de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, despejó ayer las dudas sobre esta posibilidad.

“El Ejército de Nicaragua no ha recibido ningún tipo de misión de ese tipo (militarizar el Parlamento). Ni tiene planteadas esas misiones. Nosotros, apegados a nuestro respeto constitucional, nos encontramos cumpliendo con planes que tienen que ver con el apoyo a la producción en las áreas de café, de maní, de la ganadería. Estamos en la lucha contra el narcotráfico, en estos días”, dijo el jefe militar.

“El Ejército ha venido caminando en una dirección de respeto a las leyes, de respeto a la Constitución, y en ese rumbo nos encontramos caminando. No nos hemos planteado ese tipo de misiones”, reiteró.

Por su parte, Enrique Picado, líder del Movimiento Comunal Nicaragüense, señaló que la guerra entre poderes del Estado está motivada por intereses partidarios y políticos, y no por intenciones de beneficiar a la ciudadanía, aunque sea ésta la que pague los “platos rotos”.

“El gran problema es que ninguno de los cuatro poderes está poniendo en agenda los problemas sentidos de la gente. La lucha es eminentemente política, por espacios, o por cuotas de poder, con una serie de elementos que de alguna manera está desvinculado de la problemática cotidiana de la gente”, manifestó.

Según Picado, “ese fuego cruzado al que salpica todos los días y el que paga los platos rotos es la población”. “Con el rompimiento institucional del país, quien más sufre es la población nicaragüense”, insistió.