•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, anunció hoy que su Gobierno alertará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre unas declaraciones de un funcionario nicaragüense acerca de la colocación de más dragas en el río San Juan, motivo de un diferendo entre ambos países.

El presidente dijo que solicitó al canciller Manuel González que comunique de inmediato a la CIJ esa información, por los riesgos que puede entrañar un aumento del caudal del río para "Isla Calero, que es una zona que está en litigio en sede judicial y sobre la cual Costa Rica reclama con toda justicia la soberanía".

Solís reaccionó así a lo dicho por el encargado de las obras de dragado del río San Juan, el exguerrillero Edén Pastora, en una entrevista con el diario costarricense La Nación.

Pastora dijo que Nicaragua va a "poner a trabajar más dragas, las están construyendo".

El diario indicó que Nicaragua planea tener en el 2015 hasta 15 dragas en el río, donde solo habían dos.

La CIJ tramita desde 2010 una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por una supuesta invasión a su territorio en Isla Calero o Isla Portillos, en el marco de las obras de dragado del río San Juan, fronterizo pero de soberanía nicaragüense.

Costa Rica acusó a su vecino de construir caños en territorio costarricense para unir el río con el mar Caribe, y además de causar destrozos a un humedal protegido por convenios internacionales.

Demanda

En 2011 Nicaragua demandó a Costa Rica ante la CIJ por supuestos daños ambientales al río San Juan provocados durante la construcción de un camino de lastre de 160 kilómetros paralelo al afluente.

La CIJ tramita ambas demandas en un solo expediente y podría emitir una sentencia el próximo año.

La Corte ordenó como medidas cautelares mantener despejada la zona en disputa y evitar acciones que agraven el conflicto.

El presidente Solís dijo que su Gobierno tratará de recopilar más información sobre el supuesto aumento de dragas nicaragüenses y aseguró que informar a la CIJ es un recurso diplomático que no afecta la relación bilateral.

"Mantenemos los procesos en la agenda binacional con normalidad pero sí llevamos a sede judicial aquello que pueda convertirse en un problema", manifestó.